El juzgado del fraude en El Salvador rebaja a 400.000 euros la fianza para la hija del empresario (Tribuna Valladolid)

15.02.2019
· SUCESOS VALLADOLID
TRIBUNA DE VALLADOLID | @TRIBUNAVA

La investigada fue interceptada por la Policía Nacional en plena calle, antes de que accediese a las oficinas de la Agencia Funeraria Castellana, central del grupo empresarial, al lado de los juzgados de Valladolid.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargado de la investigación del supuesto fraude destapado en el Grupo El Salvador sobre el ‘cambiazo’ de ataúdes antes del proceso de incineración y reutilización de coronas y flores, ha acordado este viernes rebajar de 800.000 a 400.000 euros la fianza exigida a Laura M, hija del propietario de dicha mercantil, para que pueda recuperar la libertad de la que se encuentra privada desde el pasado día 8 de febrero.
La investigada, que no figuraba inicialmente entre los quince detenidos en la primera fase de la ‘Operación Ignis’ desplegada el pasado día 31 de enero, fue interceptada una semana después por la Policía Nacional en plena calle, antes de que accediese a las oficinas de la Agencia Funeraria Castellana, central del grupo empresarial, en la calle Angustias, al lado de los juzgados de Valladolid.

Desde entonces permanece en prisión provisional, eludible bajo fianza de 800.000 euros, idéntica situación que su hermano Ignacio, mientras que el padre de ambos e impulsor del grupo de empresas Agencia Funeraria Castellana, Tanatorio El Salvador y Cementerio-Jardín el Salvador también sigue entre rejas, pero sin posibilidad de abandonarla por cuanto la juez de caso no le ha impuesto fianza alguna.

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Estos dos últimos, cuyos recursos de reforma contra el auto de prisión han sido desestimados, se encuentran ahora a la espera de lo que resuelva la Audiencia de Valladolid respecto de sus recursos de apelación.

En el caso de Laura M, quien en el momento de su detención no llegó a declarar, este viernes ha comparecido en sede judicial, a requerimiento de la juez, donde ha asegurado, en palabras de su letrado, Guillermo Ruiz Blay, que “no tiene relación con la actividad de la funeraria, más alla de ser mera colaboradora de la empresa familiar y, frente a lo que se ha dicho, sin ningún puesto de directora ni cargo directivo en el negocio”.

Su letrado, en declaraciones a Europa Press, explica que la investigada es periodista y que cuenta con un trabajo al margen de las empresas de su padre y hermano, por lo que ha anunciado su propósito de recurrir también esa rebaja de la fianza a la mitad de forma directa, en apelación, ante la Audiencia Provincial.

Por otro lado, el defensor de la familia M. no descarta la posibilidad de que el grupo empresarial investigado se vea obligado a presentar un ERE ante la caída de las ventas en las últimas semanas. Pese a ello, Ruiz Blay asegura que la familia propietaria “sigue muy contenta con la confianza mostrada por la gente de Valladolid pues, a pesar de que se ha producido una caída de ventas, se sigue trabajando con cierta normalidad”.

LAS ACUSACIONES PARTICULARES DENUNCIAN”TRABAS”
Por su parte, los letrados de algunos de los clientes del grupo de empresas investigado que pretenden personarse como acusación particular, entre ellos los despachos Bábara Royo y Castellana 266, han denunciado públicamente la sensación de que la instructora está poniendo “trabas” a los perjudicados para poder personarse, al exigir, entre otros requisitos, que acrediten su condición de herederos de los fallecidos, además de no admitir la personación de aquellos que no aparezcan en la lista confeccionada por la policía.

“Es algo no sólo irregular y novedoso en un proceso penal sino también absolutamente contrario a Derecho. Es la primera vez que un juzgado exige tal requisito”, critica la letrada Bárbaro Royo, que, en declaraciones a Europa Press, pone como ejemplo el “escándalo mayúsculo que hubiera supuesto que el juzgado que instruye el presunto asesinato de Laura Luelmo hubiese requerido a sus pares y hermanos que acreditasen que son herederos para poder personarse como perjudicados”.

La letrada extiende el ejemplo a los de Marta del Castillo o Diana Quer,entre otros, y añade que tan perjudicado pudiera ser cualquier de sus representados como lo pueda ser la Hacienda Pública, “a la que ninguna duda cabe de que no se le van a poner trabas”.

Además de la irregularidad de solicitar la acreditación de heredero, los despachos Bárbara Royo y Castellana 266, a través del escrito ya registrado en Instrucción 6, también muestran su disconformidad, por considerarlo contrario a Derecho, que se limite la personación de perjudicados a una lista que ha sido confeccionada por la policía.

“Si esta parte ha presentado personaciones con la documentación necesaria que acredita la condición de posible afectado, el hecho de que finalmente sean o no perjudicados no lo dictamina la policía en una lista, sino el juzgador tras la práctica de la prueba recabada durante la instrucción y ratificada en un juicio”, abundan.

De igual forma, ambos despachos ven ilegal que no se permita la personación de afectados posteriores a febrero de 2015, en referencia al periodo de veinte años acotado de forma “arbitraria” entre ese año y 1995, ya que “ni la policía ni el juzgado pueden garantizar a fecha de hoy si las cremaciones posteriores se efectuaron como corresponde”.

Al respecto, apuntan que si el negocio familiar hubiera sido clausurado cautelarmente en 2015 sí podría ponerse esa fecha como tope para posibles afectados que hubieran contratado los servicios de incineración a posteriori, algo que, como así precisan, no ocurre en este caso por cuanto la empresa ha seguido operando con absoluta normalidad.

“¿De qué manera se podría garantizar que unos señores que presuntamente llevan 20 años estafando en las cremaciones hubieran parado de hacerlo en febrero de 2015?”, se preguntan.


San Felices de Buelna estrena tanatorio (20 Minutos, Cantabria)

EUROPA PRESS 15.02.2019 SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

San Felices de Buelna cuenta con un nuevo tanatorio de más de 350 metros cuadrados de instalaciones, en la localidad de Jaín, que dará servicio a los vecinos del valle.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha inaugurado este viernes las instalaciones, en las que ha colaborado el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento para su puesta en funcionamiento. El Ejecutivo autonómico ha costeado el 70 por ciento de la obra de construcción del tanatorio, que ha contado con un presupuesto total de 390.000 euros.

En el acto de apertura también han estado presentes el alcalde de San Felices de Buelna, José Antonio González Linares, y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, entre otros representantes autonómicos y municipales.

Revilla ha destacado que se trata de una obra extraordinaria en un lugar adecuado, cómodo en sus accesos y el aparcamiento, que aporta tranquilidad a los momentos duros que se viven en un tanatorio.

El tanatorio cuenta con tres salas de velatorio. Para su construcción, el Ejecutivo regional cedió al Ayuntamiento una finca de más de 6.300 metros cuadrados, una extensión que ha ofrecido la posibilidad de ejecutar una amplia zona de aparcamiento público, de cerca de 1.400 metros cuadrados.

En su construcción se ha buscado la integración y la funcionalidad, según destaca el Gobierno regional en un comunicado de prensa. El interior se divide en una zona pública, con los accesos y las salas de velatorio, y otra, de entrada, posterior, para los coches fúnebres.

Asimismo, ha ejecutado el acceso al nuevo tanatorio, que cuenta con una acera de 1,50 metros de ancho y un vial de cinco metros desde el cruce de la CA-170. Asimismo, se ha canalizado y soterrado el alumbrado público y el abastecimiento del agua y, finalmente, se ha procedido a la colocación de las farolas para alumbrar el vial.

El alcalde de San Felices de Buelna ha reconocido el esfuerzo del Gobierno de Cantabria, personalizándolo en el presidente Revilla y en el consejero de Obras Públicas, y ha agradecido el trabajo llevado a cabo por el equipo técnico responsable del proyecto.

“La gente de San Felices se merece tener un tanatorio”, ha afirmado González Linares, porque “no somos ni más ni menos que otros municipios que cuentan con ese servicio y tenemos el derecho de tener todas las comodidades posibles”.

En este sentido, el consejero de Obras Públicas ha asegurado que esta obra se debe “a la tenacidad del alcalde”, desde la cesión de la parcela, las obras de urbanización o el aparcamiento.


Badolatosa contará con tanatorio propio junto al cementerio (Cadena Ser Andalucía)

Viernes, 15 Febrero 2019 14:58 Redaccion  Lourdes Pineda

Badolatosa contará con un tanatorio a partir de este sábado que dará servicio a los núcleos urbanos de Badolatosa y Corcoya. Se ubica en la carretera que conecta Estepa y Lucena, junto al cementerio municipal.

El nuevo tanatorio, financiado con fondos PER y aportaciones del Ayuntamiento, con una cuantía total de 300.000 euros, cuenta con dos salas con cabida para acoger a dos entierros, aunque está pensado para que en ellas se atienda a una única familia.

Antonio Manuel González, alcalde de Badolatosa, inaugurará esta misma tarde las nuevas instalaciones que permitirán prestar este servicio a los vecinos de ambos núcleos que hasta ahora venían recibiendo en otras localidades cercanas.

En el acto de inauguración participará además el párroco de la localidad, que bendecirá el tanatorio.


El PSC votará contra la nueva funeraria publica que propone Colau (La Vanguardia)

REDACCIÓN
15/02/2019 20:12
Barcelona, 15 feb (EFE).- El grupo municipal socialista votará en contra del expediente de la nueva funeraria pública que propone el gobierno de la alcaldesa Ada Colau y contra la venta de la participación del 15 % en Barcelona Serveis Municipals (BSM) que conserva el Ayuntamiento de Barcelona.

Tras un año con el proyecto bloqueado, el gobierno de BComú ha manifestado su intención de llevar a la aprobación definitiva en próximo pleno de febrero la creación de un operador público de servicios funerarios, así como la venta a Mémora de las acciones que el consistorio tiene en Serveis Funeraris de Barcelona, una empresa mixta participada en un 15 % por el Ayuntamiento de Barcelona y en un 85 % por Mémora, que tiene la obligación de comprarlas.

El voto en contra de los socialista podría impedir la operación ya que la propuesta sólo cuenta con el apoyo manifiesto del grupo de Gobierno, ERC y CUP y los dos concejales no adscritos, que no alcanza la mayoría.

Ayer, 14 de febrero, el concejal de Presidencia, Eloi Badia, emplazó al PSC y al PDeCAT a votar a favor de la creación de la nueva funeraria en la II Jornada de Servicios Funerarios Municipales.

En un comunicado, los socialistas aseguran este viernes que están a favor de dar un servicio funerario lo más económico posible y consideran que la iniciativa “es fruto de la improvisación”, “podría poner en riesgo puestos de trabajo” y es “una medida electoralista que se quiere publicitar a 100 días de las elecciones municipales para tapar el fracaso de las políticas de Colau durante todo el mandato en esta materia”.

“Nos parece una tomadura de pelo y una broma de mal gusto que el gobierno que habla de funeraria pública, votara a favor y no ejerciera el derecho a veto aumentando del orden de un 16 % la tarifa del servicio más económico de Servicios Funerarios de Barcelona, donde el Ayuntamiento participa en un 15 %”, ha señalado la portavoz socialista Carmen Andrés, en referencia al incremento del precio del producto de SFB llamado Coral.

Fuentes socialistas han explicado que no pueden votar en contra de la nueva funeraria y a favor de la venta del 15 % porque el Ayuntamiento de Barcelona perdería cualquier control sobre este servicio en la ciudad y han insistido en que el consistorio debe ejercer su poder para que los servicios funerarios sean más transparentes y puedan ofrecer servicios más económicos. EFE


El tanatorio de Pontevedra que sirve de ejemplo (La Opinión, Coruña)

16.02.2019 | 00:34

La sentencia del Supremo al que se refiere el juez para descartar la responsabilidad patrimonial se refiere a un tanatorio construido en Montecelo, Pontevedra. El edificio fue derribado por la administración autonómica casi una década después de que en 2001 el mismo tribunal confirmarse en una sentencia la anulación de una autorización previa concedida por la Xunta. En la actualidad, la parcela donde estaba ubicado el inmueble es utilizada como aparcamiento para decenas de usuarios del hospital, a pocos metros de allí.


LOS AFECTADOS SEÑALAN QUE NO ES CONSTANTE PERO QUE, CUANDO OCURRE, RESULTA «INSOPORTABLE»

El humo y el olor a quemado del crematorio incomoda a los vecinos (El Periódico Extremadura)

Los responsables aseguran que el horno se somete a revisiones periódicas. Afirman que puede deberse al peso del fallecido o al material del que sea el féretro

SIRA RUMBO caceres@extremadura.elperiodico.com CÁCERES
16/02/2019
El 35% de los fallecidos termina incinerado en la región. Una cifra que se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional, que se sitúa casi en el 39%. Aún así en Extremadura va creciendo esta forma de enterramiento. En la capital cacereña existe desde el año 2004 un horno crematorio, con el que conviven a diario los vecinos de Montesol y Mejostilla. A veces les incomoda porque de la chimenea sale un intenso humo que invade la zona de un olor a quemado. No es algo que ocurra de manera habitual, pero sí lo sufren en varias ocasiones.

Afecta a los vecinos de las viviendas cercanas, aunque el olor se aprecia incluso hasta en el paseo alto y en la urbanización Infanta Isabel, cuyos residentes ya han elevado su queja en alguna ocasión. «Paso por ahí cada mañana y cada tarde con los perros, no ocurre siempre pero normalmente cuando hace frío y hay humedad de la chimenea sale mucho humo y el olor es increíble», afirma uno de los vecinos afectados. No es tanto el olor lo que les resulta incómodo, sino de dónde procede. «En realidad no es el olor porque es como si se estuviera haciendo una barbacoa, el olor es un poco más fuerte que eso pero, si viniera de la barbacoa del vecino no importaría, el problema es que tú sabes que lo que estás oliendo viene del crematorio y resulta incómodo y horroroso», añade este vecino.

El crematorio es un servicio municipal adjudicado al Grupo Iniciativas Alcaesar. Según indica su responsable, Fernando Yaybek, el horno funciona de manera correcta y se somete a revisiones periódicas. «El problema puede obedecer a varias causas, una de ellas es que la primera incineración del día puede provocar un mayor aumento de la combustión», indica. También puede deberse a los materiales de los féretros en los que se ubican los cuerpos e incluso al peso de la persona. «No es la primera vez que nos hacen una consulta sobre este tema», reconoce.

El responsable del horno crematorio añade además que el personal que se encarga del mismo cuenta con cursos de formación para su mantenimiento y la mejora de la combustión. «De normal no sale humo porque tenemos que cuidar que la combustión sea la correcta para que el nivel de gases que se emita sea el correcto», asegura el responsable.


El millonario cambiazo de los ataúdes, en 26 libretas (El País)

La presunta estafa de una funeraria de Valladolid está documentada con anotaciones y material gráfico acumulado por un empleado que chantajeó al propietario de la empresa

PATRICIA ORTEGA DOLZ
Valladolid 17 FEB 2019 – 17:45 CET

Justo Martín Garrido, de 69 años, no quiere saber ahora nada del revuelo que se vive estos días en Valladolid por aquellas “cartas” que mandó hace casi dos años. Las envió al poco de jubilarse, dirigidas al señor Ignacio Morchón Alonso, que había sido su jefe durante 20 años en la funeraria El Salvador. “Creo que ha pasado tiempo suficiente y no te quieres dar por enterado”, mecanografió entonces. “Te voy a dar otra oportunidad de llamarme. Como ves, una foto se puede mandar a cualquier sitio. Tú verás si quieres que empiece a repartirlas. Pase lo que pase después no tendrá solución. Te aseguró que lo haré aunque luego me arrepienta”. Junto al trozo de papel, escrito a máquina y con faltas de ortografía, iba una fotografía de un cadáver antes de ser incinerado, con la fecha y el nombre del difunto escrito en un folio.

Justo Martín Garrido entró a trabajar en 1995 en el horno crematorio de la funeraria El Salvador, ubicado en el cementerio del mismo nombre, en el término municipal de Santovenia del Pisuerga, a 11 kilómetros de la capital pucelana. “Ignacio le contrató porque un conocido se lo pidió. Por aquellos tiempos Justo se había quedado sin trabajo e Ignacio siempre ha sido un hombre de hacer favores para pedirlos después”, recuerda un antiguo trabajador del que –desde 1985 hasta hace 15 días– era un próspero y creciente negocio mortuorio que daba empleo a 70 personas, muchas de las mismas familias y la mayor parte de ellas contratadas desde hace más de diez años. Sin embargo, nadie más parece haber visto nada de las horribles cosas que supuestamente vio, hizo (“por orden del jefe”) y fotografió durante dos décadas Justo.

Disconforme con la jubilación que le había quedado, Justo le reclamó a Ignacio una cantidad de dinero, supuestamente correspondiente a las ganancias que su jefe había podido obtener por cambiar –con su necesaria colaboración– ataúdes caros por otros más baratos antes de proceder a la cremación de los cuerpos, con el fin de revender los de mayor calidad después. Así lo recoge la sentencia por la que Justo Martín Garrido fue condenado en abril de 2018 a un año de prisión por extorsión, tras ser denunciado por amenazas por su jefe.

Pero hace dos semanas se invirtieron las tornas: Ignacio Morchón, de 74 años, su hijo Ignacio (47) y su hija Laura (33) ingresaron en prisión acusados de “un delito continuado de estafa y organización criminal”. Hay, además, otros 12 trabajadores imputados en una pieza separada de la investigación secreta que abrió hace casi un año el Grupo 1º de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Castilla-León con toda la documentación y el material encontrados en el registro de la casa de Justo correspondiente a aquella denuncia.

26 cuadernos
Entre los objetos incautados, y según consta en el atestado policial, hay 26 pequeños cuadernos de espiral y hojas cuadriculadas en las que Justo anotó, uno a uno y en letras mayúsculas, los supuestos “cambiazos” de las cajas. “Afirmo que todos los datos escritos en esta libreta son verdad por tanto lo firmo por si algún día son de interés para alguna cuestión”, escribe como encabezamiento en una de ellas, fechada el 1 de enero de 1998. Se molesta en reseñar que hay otras libretas similares y hasta incluye una breve leyenda interpretativa: “C.Sí’, quiere decir que se quita la caja para el jefe”; “C.No’, que no se cambia”, aclara. Y sigue un orden sistemático en sus apuntes: Día, nombre del fallecido, DNI, fecha y lugar del fallecimiento, edad, estado civil y procedencia del cuerpo”. Incluso llega a escribir en una de ellas que “a partir del 7-10-97 no se iban a cambiar más cajas (dijo el jefe), porque cogió miedo con lo sucedido en Málaga”. En aquella época hubo un escandaloso fraude de varias funerarias que pagaban a un sepulturero para que quemase restos de nichos antiguos e hiciera sitio en el cementerio.

Según el atestado policial, de lo recogido en esas libretas se deduce que “se han efectuado un total de 5.308 cambios de caja en las incineraciones, se ha llevado a cabo una apropiación de coronas mortuorias, centros y ramos de flores en un total de 893 incineraciones, hay 77 registros fotográficos de personas fallecidas e incineradas en el cementerio El Salvador y en 1.389 incineraciones no se ha realizado el cambio de caja”. Además, entre lo incautado en su casa, hay también “14 carretes fotográficos con 450 fotografías que muestran cadáveres en una sala de incineración y que reposan dentro del horno crematorio en una gran variedad de elementos que sustituyen al féretro original, como cajas en desuso, tapas de féretros, cajas de restos”. Aparte hay “tres memorias USB con 207 imágenes y 44 vídeos con contenido semejante”.

Una empresa pantalla
Tras analizar todo ese material, los investigadores apuntan a uno de los principales suministradores de ataúdes de la funeraria desde 2001 hasta 2017, Fabricados Senovilla S.L., como la empresa que habría facturado al Grupo El Salvador hasta 3.428.775 euros pese a carecer de empleados desde 2005. Es decir, la policía sospecha que sería esa sociedad la que “le habría servido a la funeraria para justificar documentalmente los féretros que presuntamente se sustraían a los difuntos”.

Según el informe policial, basándose en los partes de defunción, “el 95% de las incineraciones” se realizaba en ese crematorio de Santovenia de Pisuerga, donde estaba Justo, a 11 kilómetros de la ciudad. Y no en el que se encuentra junto al Tanatorio en Valladolid, sede principal del Grupo El Salvador, donde la mayor parte de las familias de los difuntos contrataban el servicio.

Pese al silencio de los empleados, los investigadores sospechan que muchos de ellos eran partícipes “directa o indirectamente” de esos traslados de cuerpos y cajas y debían de conocer lo que ocurría. “Muchas veces se llevaban a Santovenia porque no daba tiempo a hacer todos los servicios en el de aquí y se les decía a los familiares”, dice un trabajador.

A 11 kilómetros de distancia
En sus anotaciones, Justo sugiere que los llevan adonde está él porque es más fácil dar el cambiazo allí, aunque en los últimos años apunta que muchos “vienen ya con la caja cambiada, en una tapa o solo con un sudario”. Incluso señala que han prescindido del otro incinerador que se turnaba con él, un tal “Chema”, porque “de vez en cuando se emborracha” y temen que se vaya de la lengua.

El jueves pasado no había actividad alguna en el tanatorio de El Salvador, salvo la creada por algunos pocos empleados, temerosos por el Expediente de Regulación de Empleo que parece que se avecina, con todas las cuentas de la empresa intervenidas por orden judicial.

“Lo normal era hacer una media de 6-8 servicios diarios”, contaban. “Hoy no hemos hecho ninguno, esto se hunde”. “El 50% de los servicios venían por las aseguradoras: Santa Lucía, Mapfre, Ocaso… ahora nuestro nombre, que era marca de prestigio hasta antes de ayer, está vetado”, confesaban con incredulidad por lo que se cuenta y por lo rápido que se precipitan los acontecimientos. “Nunca he visto nada raro, aquí el trato es familiar”.

“De lo que se ha contado, la mitad la mitad: Yo jamás he vendido una caja de más de 1.600 euros; lo normal, para incinerar, son féretros de entre 900 y 1.200 euros, aunque es cierto que el margen de beneficio de una caja de muerto es enorme: a la empresa le cuestan entre 100 y 200 euros la unidad en fábrica”, apunta uno de los comerciales de la empresa.

La defensa de la familia Morchón resta veracidad a las anotaciones, las fotografías y los vídeos de Justo Martín Garrido: “Él tendrá que explicar por qué lo hizo, son sus notas, sus fotografías, todo es él”. Y muestra sorpresa por el crédito que a esos materiales le ha dado la policía.

Que las notas y el material gráfico de Justo Martín Garrido respondan o no a hechos verídicos tendrá que determinarlo la juez del juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, que tras los registros en la funeraria está inundado de papeles. Pero lo cierto, como advertía Justo en sus amenazas, es que ya no hay marcha atrás.


URA no autoriza el tanatorio en Gabarrari (Noticias de Gipuzkoa)

La Agencia Vasca del Agua alega que el proyecto incluye elementos no permitidos por la Ley de Costas
Martes, 19 de Febrero de 2019 – Actualizado a las 06:03h

HONDARRIBIA- Tal y como dieron a conocer la semana pasada los grupos municipales de Abotsanitz y PSE-EE, la Agencia Vasca del Agua (URA) ha denegado a la empresa Inmorekalde 21 S.L la autorización administrativa para la ejecución de las obras del edificio en la calle Gabarrari en el que estaba previsto establecer un tanatorio.

Según el informe técnico de URA, “la rampa de acceso al sótano, que plantea el proyecto, no se encuentra entre las obras o instalaciones permitidas con carácter ordinario” por la Ley de Costas. De esta manera, URA respondía a varias alegaciones, tanto de particulares como de Abotsanitz y PSE-EE, grupos que ya mostraron su desacuerdo con la proyección de un tanatorio en dicha calle, dando la negativa al proyecto.

Tras la resolución, ambas formaciones elaboraron un comunicado conjunto en el que lamentaban “que el equipo de Gobierno tome decisiones deprisa y corriendo respecto a proyectos importantes para el municipio”. Así, el escrito recordaba que se autorizó la licencia municipal para el proyecto sin dar a conocer el informe técnico a los grupos de la oposición, que hubo que solicitar la autorización de servidumbres aéreas a posterioriporque el proyecto original no las incluía y que, finalmente, URA ha denegado la autorización del proyecto.

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Por su parte, el Gobierno jeltzale respondió ayer al comunicado de Abotsanitz y PSE-EE acusando a ambas formaciones de tergiversar la resolución de URA para que se dedujese que la concesión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento era ilegal cuando no lo era.

“En la medida que el proyecto presentado cumplía con todas las determinaciones urbanísticas de aplicación, el Ayuntamiento, con el previo informe favorable del departamento de Servicios Técnicos, otorgó la correspondiente licencia, tal y como se hace con cualquier otra actividad económica”, explicaban desde el equipo de gobierno, añadiendo que “la licencia municipal no suple, evita ni exime al interesado de obtener cuantas otras obligadas autorizaciones deba disponer y cuyo otorgamiento corresponde a otros órganos de la Administración con competencias sectoriales afectadas por ese mismo proyecto”.

Por ello, el Gobierno consideró que la “proximidad de las elecciones” no puede constituir una excusa para “intentar confundir a la ciudadanía con afirmaciones incorrectas”. – J.G.


Acusaciones en el fraude de los ataúdes piden a la juez la clausura inmediata de los crematorios de El Salvador (La Vanguardia)

Acusaciones particulares en el caso del fraude funerario destapado a finales de enero de 2018 en el Grupo El Salvador, donde a lo largo de dos décadas se habría estado dando el ‘cambiazo’ a los ataúdes de alta gama antes del proceso de incineración, para luego reutilizarlos con otros clientes, han exigido vía judicial la urgente clausura de las instalaciones objeto de investigación.

REDACCIÓN
19/02/2019 14:52
VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

Acusaciones particulares en el caso del fraude funerario destapado a finales de enero de 2018 en el Grupo El Salvador, donde a lo largo de dos décadas se habría estado dando el ‘cambiazo’ a los ataúdes de alta gama antes del proceso de incineración, para luego reutilizarlos con otros clientes, han exigido vía judicial la urgente clausura de las instalaciones objeto de investigación.

Así lo han solicitado los bufetes de abogados Bárbara Royo y Castellana 266 a través de un escrito, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, en el que instan a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargada del caso, a que proceda de forma urgente a la clausura temporal de los crematorios de la empresa El Salvador, hasta que se garantice que estas prácticas no se pueden volver a cometer.

La petición formulada se basa en la “extrema gravedad de los hechos acontecidos y la atrocidad de los delitos que se investigan, donde presuntamente se produjo una estafa continuada durante más de 20 años en concurso con otros delitos, en la que se cambiaron con absoluta impunidad y según fuentes policiales aproximadamente el 95 por ciento de los ataúdes en cremaciones, existiendo incluso cambios en la entrega de las cenizas”.

Y es que la letrada Bárbara Royo recuerda además en su escrito que el exempleado condenado por extorsionar a la empresa funeraria para lograr una mayor jubilación y a partir del cual se destapó el presunto fraude declaró en su día en sede judicial que después de su jubilación, en febrero de 2015, y que las prácticas delictivas se seguían cometiendo.

“Lo que no se entiende bien, a partir de esta manifestación, es que a día de hoy se sigan realizando cremaciones en esta empresa con absoluta impunidad. Esta parte no puede dejar de obviar tampoco que alguno de los actuales investigados son empleados de esta empresa, que presuntamente llevan años realizando estas prácticas y se encuentran en libertad en estos momentos”, añaden las acusaciones.

Por ello, los dos referidos despachos persisten en su petición de que se suspenda cautelarmente la actividad en los crematorios del grupo investigado y en el supuesto de no ser atendida tal solicitud plantean subsidiariamente, “con el único fin de asegurar que se cumpla de forma escrupulosa la legislación vigente respecto a sanidad mortuoria y que las cenizas se entreguen a los familiares con la máxima garantía y seguridad”, una intervención adecuada de la empresa que asegure que estas “prácticas abominables” no se vuelven a producir. “Todo ello con la intención de salvaguardar los derechos de los trabajadores y posibles acreedores de la misma”.

En la actualidad figuran dieciséis personas investigadas por estos hechos, entre ellos el propietario del negocio, Ignacio M, y sus dos hijos, del mismo nombre, y Laura, todos ellos en prisión, junto con otros empleados del negocio.

El fundador del grupo se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras a su hijo Ignacio y su hija Laura la juez del caso ha impuesto fianzas de 800.000 y 400.000 euros, respectivamente, para poder recuperar la libertad.


Recogen firmas contra el nuevo velatorio de Lorca (La Opinión de Murcia)

F. G. 19.02.2019 | 20:21
Vecinos de la pedanía lorquina de Almendricos han iniciado una campaña de recogida de firmas contra la puesta en marcha de un velatorio en el centro de la población, según ha denunciado el partido político Vox en un comunicado. Dicha formación se ha hecho eco de la protesta iniciada por uno de los vecinos, cuya vivienda linda con lo que sería el futuro velatorio y señala que «el responsable de las obras, no puede ignorar el malestar y las molestias que causaría dicha instalación».


Los servicios de Albia obtienen un NPS del 74,57% (grupoaseguranza.com)

Albia incorporó un sistema de medición de calidad en la prestación funeraria con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias. Según datos de su NPS, la compañía obtuvo un 74,57%, 10 puntos superior a los datos de 2017.

El grado de satisfacción de los clientes de Albia se mide a partir de la predisposición de estos a recomendar sus servicios. De entre los distintos indicadores, Albia ha elegido el NPS (“Net Promoter Score” – Puntuación de la red de Promotores), un sistema de medición de la calidad percibida, reconocido por su exigencia y aplicabilidad.

Para conseguir la satisfacción del cliente, Albia ha desarrollado Estilo Albia, un manual con el que aplicar estos estándares. Además, todos los profesionales que forman parte del Grupo están sometidos a unriguroso código ético que han de cumplir y, a nivel sectorial, se han adherido, también, al decálogo funerario de la patronal, Panasef, para garantizar los derechos de los usuarios.

Para Juan Rodríguez, CEO de Albia, “estas áreas de trabajo son prioritarias para nosotros. No concebimos un servicio funerario de Albia que no contemple una prestación operativa excelente y un acompañamiento emocional impecable. Las personas confían en nosotros en momentos muy delicados y nuestro deber es ofrecerles, siempre, profesionalidad, empatía y respeto”.


BComú aplaza a un pleno extraordinario la creación de una funeraria pública (La Vanguardia)

REDACCIÓN
20/02/2019 19:07
Barcelona, 20 feb (EFE).- BComú ha aplazado a un pleno extraordinario la votación para crear una funeraria pública, que estaba previsto llevar al pleno municipal de este viernes, según ha anunciado el concejal de Presidencia, Eloi Badia, a la salida de una reunión con la Síndica de Greuges de Barcelona.
Badia ha informado de que, después de que en la junta de portavoces diferentes grupos han pedido informes jurídicos sobre la propuesta, que no estarán disponibles hasta mañana, han decidido “retrasar tres días la decisión para poder trabajar sin prisas”.

El concejal también ha denunciado que, “hoy en día, en los servicios funerarios se sigue la lógica del fondo de inversión y no la lógica del servicio público”.

El gobierno de Ada Colau propone la creación de un operador público de servicios funerarios y la venta a Mémora de las acciones que el consistorio tiene en Serveis Funeraris de Barcelona, una empresa mixta participada en un 15 % por el ayuntamiento y en un 85 % por Mémora, que tiene la obligación de comprarlas.

El PDeCat y el PSC han negado apoyar la propuesta del gobierno de BComú, aunque Badia ha destacado que tenderán la mano al PSC.

La Síndica de Greuges y Badia se han reunido este miércoles para hablar de los informes que denuncian contrataciones irregulares en el marco de los servicios funerarios. EFE


Los trabajadores de Serveis Funeraris terminan de ‘enterrar’ la funeraria pública de Eloi Badia (www.catalunyapress.es)

Redacción Catalunyapress | Miércoles, 20 de febrero de 2019, 20:43

Eloi Badia no gana para disgustos con su proyecto de funeraria pública. Si el pasado viernes, el PSC dio un portazo a la iniciativa, ahora son los trabajadores de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) los que rechazan de forma tajante la creación de un nuevo operador público.

El portavoz del comité de empresa de SFB, Jordi Fernández, ha rechazado este miércoles la funeraria pública que impulsa el concejal: “Estamos totalmente en contra de la privatización del 100% de SFB”.

Ha recordado que la empresa era en el pasado totalmente pública y que se fueron vendiendo acciones –el Ayuntamiento conserva un 15%, que el ejecutivo municipal quiere vender–, y ha avisado de que la funeraria pública representaría una competencia desleal.

Fernández ha propuesto que el Ayuntamiento vuelva a comprar las acciones que vendió de SFB, y ha dicho que la funeraria pública –que se votará en un pleno extraordinario la próxima semana– repercutirá en los empleos de SFB si le resta trabajo: “Las empresas privadas funcionan así. Si hay pérdidas o no se gana lo que hay que ganar, recortan personal”.

EL PDECAT DA CALABAZAS A BADIA

Por si fuera poco, este mismo miércoles el PDeCat despejó las dudas sobre el sentido de su voto. Y lo hizo en la misma línea que la del PSC el pasado viernes: los posconvergentes no votarán a favor de la creación de una empresa pública que ofrezca servicios de inhumación a los vecinos de Barcelona.

Jaume Ciurana, portavoz de la formación, ha afirmado que “la funeraria que se quiere crear, con cinco o seis velatorios, no tendrá ningún tipo de incidencia en el mercado”, ya que ni logrará reducir los precios ni competir con el resto de agentes.

Asimismo, el PDeCat está en contra de que el Ayuntamiento venda su participación del 15% en SFB y, al contrario de las intenciones del equipo de Colau, cree que debería incrementar su cuota en la empresa públicoprivada para poder gestionar mejor este servicio.

Tras el rechazo del PDeCat, la única formación que podría haber decantado la balanza hacia la aprobación del proyecto, el consistorio ha decidido aplazar el pleno extraordinario donde se iba a votar la creación de la funeraria pública y que estaba previsto para el próximo viernes 22 de febrero.


La estafa de los ataúdes suma 26 investigados tras la detención de diez trabajadores más (Eldiario.es)

La Policía efectuó los arrestos esta mañana y prevé que pasen a disposición judicial a partir de este viernes

Hasta el momento se han efectuado 300 denuncias de afectados. La jueza instructora no admitirá personaciones hasta que se acredite que los denunciantes son herederos de las personas que fueron cremadas de manera irregular
Laura Cornejo
21/02/2019 – 13:10h

La estafa de los ataúdes cuenta ya con 26 personas investigadas con la detención esta misma mañana de 10 trabajadores del tanatorio El Salvador, en Valladolid. Según la Delegación del Gobierno, los empleados arrestados “en mayor o menor grado, presuntamente habrían colaborado con la trama”. Así, se les considera autores de sendos delitos de estafa continuada y de organización criminal. La previsión de la Policía Nacional, responsable de esta nueva fase de la Operación Ignis, es que los detenidos pasen a disposición judicial a partir de mañana.

La investigación arrancó con una denuncia que partió del propio fundador del tanatorio, que estaba siendo extorsionado por un extrabajador. Este hombre amenazaba con dar a conocer las prácticas irregulares en la cremación de cadáveres que se producía desde 1995.

Según su versión, los cuerpos eran sacados de los féretros momentos antes de la incineración y se reubicaban en ataúdes más baratos o sobre las tapas de los mismos. Después, el ataúd inicial se revendía varias veces a otras familias. Además, se hacía lo mismo con las coronas y centros, que se recolocaban una y otra vez a otros clientes, hasta que se marchitaban.  El exempleado, que pedía dinero para no dar a conocer el caso, llegó a enviar al dueño de El Salvador, Ignacio Morchón, fotos de los cadáveres fuera de los ataúdes, con carteles con sus nombres. A pesar de la evidencia, Morchón acabó denunciando.

El asunto aparentemente se cerró con una sentencia de conformidad en la que el extorsionador aceptó un año de cárcel, 1.000 euros de multa y alejamiento tanto de las empresas del grupo de pompas fúnebres como de sus dueños. En paralelo, se abrió una investigación bajo secreto de sumario que se prolongó algo más de un año, hasta que el pasado 31 de octubre, Policía y funcionarios de vigilancia aduanera irrumpieron en el tanatorio para efectuar registros y detenciones.

Esa primera fase se cerró con la detención de gran parte del clan familiar, y varios trabajadores. En total 15, personas. La jueza instructora decretó prisión sin fianza para el fundador del tanatorio, Ignacio Morchón, y prisión con fianza de 800.000 euros para su hijo, con el mismo nombre. La fianza no se ha satisfecho aún. Nueve días después se detuvo a la hija de Morchón, según la policía responsable de la contabilidad del tanatorio. También para ella se decretó prisión bajo fianza de 800.000 euros, si bien un recurso de su abogado consiguió que se redujese a la mitad. Aún así, no se ha pagado aún. El juzgado ha embargado gran parte de sus bienes.

La Policía cifra la estafa en “varios millones de euros”, ya que calculan que se produjeron unas 6.000 incineraciones irregulares. Hasta el momento se han presentado más de 300 denuncias de personas que se sienten perjudicadas en el caso que se investiga. El juzgado no ha admitido aún ninguna personación y pone como condición que los denunciantes acrediten ser herederos de las personas cuyos cadáveres se cremaron fuera de los ataúdes.


La firma San Lorenzo abrirá un nuevo tanatorio en el centro urbano de Fene (La Voz de Galicia)

La empresa confía en estrenar las instalaciones funerarias antes de fin de año

CHEMA CORRAL
FENE 21/02/2019 18:29 H

Un negocio que funciona aún en las crisis. El sector de los decesos en la comarca se mueve, adaptándose a los tiempos que corren. Y a la reciente modernización del tanatorio de Albia, se sumará en poco tiempo una ampliación de la oferta en Ferrolterra. Un operador ya veterano, el Instituto de Tanatología San Lorenzo, prepara su desembarco en Fene con la apertura del que será el segundo velatorio del municipio, ubicado, en este caso, en pleno casco urbano de la localidad.

El nuevo tanatorio, que abrirá sus puertas en Perlío, reproducirá el formato del que la firma explota en San Pedro de Leixa, en las inmediaciones del Hospital Naval, que pone a disposición de los vecinos de Ferrolterra siete salas velatorias de hasta 200 metros cuadrados cada una, todas con su propio recibidor que sirve de primer filtro con el ambiente más recogido del interior, e incluso con jardín.

Se trata, sin duda, de un cinco estrellas del sector con todas las comodidades para garantizar al máximo el ambiente de respeto e intimidad, necesario en un momento de duelo. Pues bien, San Lorenzo apuesta ahora por ampliar su presencia en la comarca y «dar continuidad», como anota su director- gerente, Santiago Oliván, a las instalaciones ferrolanas. Para ello, ha puesto su mirada en Fene, localidad que estrenaba hace menos de tres años un tanatorio crematorio en el polígono de Vilar do Colo.

«Queremos brindarles a los feneses el mejor servicio en la mejor ubicación». El nuevo negocio se construirá en la Estrada do Peirao, al lado del hotel residencia O Allegue. Y el proyecto, que en su momento, optó a las subvenciones de Agader, cuenta con un presupuesto de 665.629 euros.

«Se están ultimando los permisos con el ayuntamiento para empezar las obras», anota Oliván para, a renglón seguido, detallar que el centro dispondrá de tres salas velatorias, contando con una distribución similar a la del tanatorio de San Pedro, una sala específica para seguir la cremación de los restos del difunto ? la incineración se llevará a cabo en el centro ferrolano?, un buen abanico de servicios y un amplio aparcamiento para facilitar la asistencia de allegados y visitas.

La previsión que maneja San Lorenzo es que el nuevo tanatorio fenés, que seguirá la línea exclusiva de la empresa, abra sus puertas este mismo año.

Recuerda Oliván que muchas personas que cuentan con pólizas de seguros que cubren decesos desconocen que, ante el fallecimiento de un ser querido, pueden elegir la funeraria, el tanatorio y el tipo de servicio que quieren recibir.