Dosier de prensa del 1 al 6 de febrero

Titulares

La Policía halló casi un millón de euros en casa del principal detenido por la estafa de los ataúdes (Eldiario.es)

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid tiene abiertas varias piezas secretas sobre el caso

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal estudia la documentación del fraude de entre 1995 y 2015

Los 14 detenidos permanecen en los calabozos hasta que presenten declaración judicial

Laura Cornejo
01/02/2019 – 13:47h

El principal detenido de la estafa de los ataúdes, revelada por eldiario.es, tenía más de 961.000 euros en metálico en su domicilio particular. Así lo ha contado esta mañana la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del Jefe Superior de Policía, Jorge Zurita. La Operación Ignis, con 14 detenidos entre propietarios y trabajadores del Grupo El Salvador acusadas de sustituir ataúdes de alta calidad por otros mucho más baratos justo antes de la cremación, ha concluido sólo en su primera fase. El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid se encarga también de la investigación de “varias piezas” bajo secreto de sumario.

Barcones ha asegurado que, aunque no ha dado tiempo a contabilizar el número de estafados, “son miles” ya que el fraude que se investiga se produjo, tal y como avanzó ayer este diario, a lo largo de 20 años, entre los años 1995 y 2015. Sin embargo, no se descarta que esta horquilla pueda ampliarse. Por ello, tanto Barcones como Zurita pidieron calma a los posibles afectados para que no colapsen el juzgado y la comisaría con denuncias, ya que se intentará contactar con todos a medida que avance el estudio de la documentación.

El caso “toca la fibra sensible de los ciudadanos porque la misma se producía en momentos en que las personas son más vulnerables, pues están dando el último adiós a sus seres queridos”, comentó la delegada. No sólo se sacaba al cadáver del ataúd que se había pagado para introducirlo en otro de menor calidad y revender el primero, también se reutilizaban centros de flores y coronas.

Los 14 detenidos, 12 hombres y dos mujeres entre los que figura el matrimonio dueño de Grupo El Salvador y dos de sus hijos, permanecen en los calabozos desde ayer, y pasarán a disposición judicial “lo antes posible”.

La Operación Ignis comenzó en 2017, cuando los dueños de la empresa funeraria denunciaron a un extrabajador que los extorsionó pidiendo dinero a cambio de no revelar ciertas prácticas irregulares. De esa denuncia, que acabó con la condena del exempleado, se abrió una pieza separada que, aparentemente, demuestran que el condenado decía la verdad. Según Europa Press, este hombre facilitó a la Policía un pendrivecon numerosas pruebas documentales y gráficas.

Cuatro máquinas para contar el dinero
La delegada y el jefe de Policía destacaron el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos y de la Agencia Tributaria durante casi todo este jueves. Desde las 8 de la mañana realizaron siete registros simultáneos en varias sedes del Grupo El Salvador y en domicilios particulares. Participaron en ellos 76 funcionarios de Policía Nacional y dos de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria. Según ha podido saber eldiario.es, estos últimos llevaron hasta cuatro máquinas de contar dinero, dada la cantidad que había. Sólo en la vivienda del dueño, la Policía se habría incautado de 961.785 euros.

Por el momento, los delitos investigados -estafa continuada y organización criminal- afectan sólo a los tanatorios de Valladolid y Santovenia de Pisuerga. Al igual que ocurre con el número de afectados, tampoco se atreven a aventurar el dinero estafado hasta estudiar toda la documentación requisada, entre 6 y 8 metros cúbicos, además de 8 ordenadores y un servidor. Según Zurita, esta operación es “novedosa” porque, aunque se ha dado algún caso similar en España, ha sido muy reducido.

A pesar de que los cadáveres se manipularon contraviniendo la normativa de política mortuoria, la delegada contestó que los tanatorios de El Salvador no habían sido clausurados y que mantienen su actividad habitual.


Alfredo Gosálvez, secretario general de Panasef, participa en el programa de TVE “Las mañanas”.

(Minuto 7´20´´)

 


Los vecinos de Aldea del Rey dispondrán en breve de un tanatorio junto al Cementerio (Lanzadigital.com)

01 Febrero 2019 Lanza/ ALDEA DEL REY

Gracias a la iniciativa privada y a una permuta de terrenos con el Consistorio. El alcalde valora las importantes actuaciones que se acometen en la localidad

El alcalde de Aldea del Rey ha visitado estos días diferentes obras que se están acometiendo o recientemente se han completado y que vendrán a satisfacer diferentes demandas y equipamientos que eran necesarios para mejorar los servicios ciudadanos.

El más destacable es un tanatorio-velatorio cuya ejecución acomete una empresa privada, en unos terrenos adyacentes al Cementerio municipal que fueron objeto de permuta con el Consistorio para facilitar, precisamente, un emplazamiento adecuado.

Sánchez Ciudad también ha visitado el nuevo espacio lúdico infantil que el Ayuntamiento ha habilitado en el Parque ‘Adolfo Suárez’, dotado con suelo de caucho de seguridad y diferentes elementos para el disfrute de los más pequeños de la casa.


La OCU recomienda a los posibles afectados por la funeraria de Valladolid que presenten denuncia (El Norte de Castilla)

La Organización de Consumidores y Usuraios (OCU) recomienda a los posibles afectados por la funeraria del grupo El Salvador de Valladolid que presenten la correspondiente denuncia, tras conocerse que está siendo investigada por la Policía, en colaboración con la Agencia Tributaria, por una posible estafa continuada a sus clientes.

Al parecer, se trataría de un fraude a través del cual, durante más de 20 años, la funeraria ha estado presuntamente cambiando los cadáveres a ataúdes de baja calidad antes de proceder a su cremación para reutilizar y revender las cajas originales, de mayor valor, y sacar con ello un beneficio económico.

De confirmarse los hechos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera lamentable la actuación de El Salvador y confía en que la situación pueda esclarecerse lo antes posible y se depuren las responsabilidades, que, en su caso, pudieran derivarse.

Además, la OCU ofrece a todos los posibles afectados que hayan hecho uso de los servicios de esta funeraria en los últimos años una serie de recomendaciones para poder reclamar los posibles daños causados:

En primer lugar, recopilar toda la documentación relacionada con el servicio funerario contratado, ya sea a través de una prestación asegurada o no: facturas, contrato, presupuesto, y cualquier documento que recoja las características particulares del ataúd y del resto del servicio contratado.

Acudir a la Policía, Guardia Civil o Juzgado para interponer denuncia como posible afectado, con el fin de que sean tenidos en cuenta en la investigación. La denuncia deberá ir acompañada de una copia de toda la documentación recabada anteriormente.

En caso de que la investigación finalice y la empresa demandada sea declarada culpable, los afectados podrían reclamar el perjuicio ocasionado, tanto económico como moral.

Por último, la Organización de Consumidores y Usuarios solicita a la administración competente que mantengan informados a los posibles afectados, aunque no estén personados en la causa, para que puedan posteriormente ejercitar las acciones civiles que correspondieran.


Otras funerarias de Valladolid registran ya aumento de demanda de servicios (La Vanguardia)

Valladolid, 1 feb (EFE).- La estafa del grupo funerario El Salvador de Valladolid, que cambiaba en el momento de la incineración ataúdes de alta calidad por otros más baratos para revenderlos, se ha notado ya en la ciudad, donde otras funerarias han registrado ya un aumento de demanda de servicios.

Así lo han confirmado este viernes a Efe, apenas transcurridas 32 horas de la operación que ha destapado el fraude, con 14 detenidos, desde Mémora, funeraria líder en España que en Valladolid tiene la otra gran empresa de este sector, la Funeraria La Soledad, con el tanatorio San José.

La empresa ha reconocido que han “experimentado un aumento en la demanda de servicios funerarios en sus instalaciones de la zona”.

Y ha recordado que “está comprometida con las familias de Valladolid” y que “desde la funeraria La Soledad está ofreciendo soluciones a todas aquellas que lo necesiten”.

La operación ha destapado miles de estafados y un fraude de millones de euros a lo largo de dos décadas desde el grupo funerario El Salvador de Valladolid, que cambiaba en el momento de la incineración ataúdes de alta calidad por otros más baratos para revenderlos, al igual que hacía con las coronas de flores.

La operación Ignis se ha saldado por el momento con 14 personas detenidos, entre propietarios del grupo empresarial y empleados, acusados de estafa continuada y organización criminal y se ha intervenido casi un millón de euros en efectivo en el registro de la vivienda de uno de los directivos de la funeraria.

El fraude cobra especial importancia porque “toca la fibra sensible” de los ciudadanos cuando se sienten “más vulnerables”, cuando pierden a sus seres queridos y el “ultraje es mayor” en el momento del “último adiós”, ha resumido este viernes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en la rueda de prensa en la que ha informado de la operación desarrollada ayer jueves.EFE


El Ayuntamiento descarta recurrir la suspensión de la licencia del tanatorio (La Voz de Córdoba)

El proyecto, que iría situado frente a la avenida de Barcelona, cuenta con el rechazo de la patronal CECO por razones urbanísticas y de competencia
Publicado por Jesús Cabrera el 2/2/2019 a las 5:59

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha desvelado el contenido del informe solicitado a la Asesoría Jurídica municipal tras conocerse el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba que paraliza cautelarmente la licencia concedida en agosto por la Gerencia de Urbanismo para la construcción de un tanatorio en la avenida de Libia, frente a la avenida de Barcelona. La regidora ha señalado que “vamos a seguir manteniendo el criterio de no recurrir la suspensión cautelar”.

Al conocerse esta semana el Auto judicial con la suspensión de la licencia, la presidenta de la empresa municipal de cementerios (Cecosam), la socialista Mar Téllez, señaló que se esperaría a ver qué decisión tomaba la Asesoría Jurídica sobre estas decisión de los tribunales sobre un asunto que ha generado una fuerte polémica que ha tenido no sólo un rechazo político sino también empresarial, tanto por parte de la patronal cordobesa CECO como de la empresa Tanatorios de Córdoba, la más directamente afectada  por la competencia que supondría este nuevo tanatorio al sector privado por estar liberalizada esta actividad.

La reacción de CECO al conocer la suspensión de la licencia es que el juez les “da la razón”. Para ello se basa en el doble informe presentado en febrero pasado para abordar los incumplimientos en que incurriría el nuevo tanatorio tanto en el plano urbanístico como en el de la competencia. Este documento fue redactado por el catedrático de Derecho Administrativo, Manuel Rebollo, y por el abogado Cecilio Valverde.

Desde el PP, su viceportavoz, Salvador Fuentes, señaló que el juez ha dado “un revés y un varapalo” al cogobierno por “las prisas, trompicones y el interés oculto en un proyecto sin consenso ni futuro; que el juez suspende cautelarmente por el daño que podía causar al empleo y la competencia”.


El cementerio de La Rinconada será gestionado definitivamente por el Ayuntamiento (El Correo de Andalucía)

Se ha rescindido la cesión realizada en julio a una funeraria privada como exigían Ayuntamiento y vecinos, pasando el consistorio a hacerse cargo de las instalaciones
FRANCISCO J. DOMÍNGUEZ  /
LA RINCONADA /
02 FEB 2019 / 08:57 H – ACTUALIZADO: 02 FEB 2019 / 11:00 H.

El cementerio La Rinconada será gestionado por el Ayuntamiento de manera indefinida desde el día 1 de febrero. Se revoca así al cesión que la parroquia, titular del camposanto, realizó el pasado verano a favor de una funeraria privada. Las gestiones realizadas desde el consistorio y la presión vecinal – contrarios a la privatización – han conseguido que el cementerio tenga gestión municipal, como ya ocurre con el del núcleo de San José de la Rinconada.

Un acuerdo ventajoso ratificado por unanimidad del Pleno

El acuerdo ha sido suscrito por el Ayuntamiento, el Arzobispado y la empresa a la que fue cedida la gestión. La funeraria recibirá una indemnización por parte del consistorio que asciende a 55.000 euros, de los cuales 29.600 corresponden a los gastos generados desde que se hiciera cargo del cementerio – desde el 1 de julio del pasado año hasta el día 1 de febrero -, y los 25.400 euros restantes se abonan en concepto del valor del lucro cesante.

Se trata de “un acuerdo ventajoso que cuenta con el informe favorable de nuestros servicios jurídicos y de intervención”, ha explicado José Manuel Romero, concejal de vía pública. El acuerdo ha sido además aprobado por unanimidad en sesión plenaria. Gracias a este nuevo convenio para su gestión, el Ayuntamiento “garantiza un servicio público, con un precio regulado por tasas municipales”, como viene haciendo en el otro camposanto de la localidad.

Una cuestión de “absoluta prioridad”

Así, desde este viernes el Ayuntamiento ha asumido la gestión de las instalaciones. “Era cuestión de sentimientos, de nostalgia y de absoluta prioridad”, ha señalado el alcalde rinconero, Javier Fernández, tras la conclusión positiva de las gestiones. Un proceso en el que se venía trabajando desde hace una década sin llegar a acuerdo, y que se intensificó desde el pasado verano para revertir la privatización del camposanto.

Antes de la cesión a la empresa, el Ayuntamiento trabajaba en un plan de inversión para llevar a cabo las reformas necesarias y la ampliación de la que las instalaciones estaban necesitadas. Tras hacerse con su gestión, el alcalde ha asegurado que “ya trabajamos en un proyecto para dotar al campo santo de unos mínimos e iremos mejorándolo hasta dotarlo de los mismos servicios e infraestructuras que ya tiene el de San José”.

De titularidad parroquial, fue cedido por sorpresa a una funeraria

El cementerio Nuestra Señora de los Dolores fue erigido en 1965 y donado a la Parroquia, quien ejerce como titular del mismo, fue el Arzobispado en su nombre el que realizó su cesión para ser gestionado por una funeraria con sede en Coria del Río. Una cesión que entró en vigor el día 1 de julio del pasado año a pesar de la oposición de los vecinos y del propio Ayuntamiento.

Las instalaciones, según referían entonces los propios vecinos, se encontraban “en mal estado y sin gestionar”, y donde “el único mantenimiento que se realiza lo hace el Ayuntamiento”. De forma sorpresiva el párroco informó de la cesión “a título gratuito y de manera definitiva e irrevocable, hasta su clausura definitiva”. Construido por el pueblo, los vecinos no entendían como “algo suyo” les era arrebatado de tal forma. Ello provocó una oleada de rechazo por el “agravio comparativo” con el otro cementerio de la localidad, de titularidad y gestión municipal, así como por el desconocimiento total de las condiciones y tarifas que serían aplicados.

El Ayuntamiento y los vecinos reclamaban la gestión municipal

Desde ese momento el Ayuntamiento inició los contactos con el Arzobispado para conocer los términos del acuerdo, así como ofrecerse para asumir la gestión. Por su parte, los vecinos organizaron una recogida de firmas – con “más de 2.000 reunidas en tres días” – y convocaron una concentración pública para mostrar su rechazo a la privatización del cementerio. “Con nuestros muertos ni se juega ni se negocia”, comentaban entonces. Reclamaban un servicio público y con las mismas condiciones que en el de San José. Desde entonces una pancarta en la calle Manuel de Rodas, una de las arterias comerciales de la localidad, con la leyenda “Cementerio Parroquial Privatización No” ha sido el indicador que ha mantenido la movilización y la oposición de los vecinos.

El Arzobispado aseguró entonces, a través de un comunicado, que la cesión a manos privadas se llevó a cabo “ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento”. En una reunión a la que fueron convocados los vecinos, el alcalde incidió en que “el Ayuntamiento nunca se ha desentendido. Cada vez que ha habido una inversión en el cementerio ha estado el Ayuntamiento detrás”, y que del mismo modo “nunca se hizo al Ayuntamiento la oferta que se le ha hecho a la empresa”. Aún así, en todo momento, el primer edil quiso dejar claro que no se trataba de “un enfrentamiento del Ayuntamiento con la Iglesia”, y que se seguiría trabajando para rescindir el convenio realizado y encomendar la gestión al consistorio, como además pedían los vecinos.

Pese a todo, tras ocho meses de gestiones “después de un recorrido largo y no exento de dificultades”, las negociaciones han llegado a buen puerto y el Ayuntamiento pasará a gestionar el camposanto. Un acuerdo en el que la primera adjudicataria ahora cesante y el Arzobispado “han entendido que el sentimiento vecinal debía prevalecer por encima de todo”, ha apostillado el alcalde.


Dignificar el sector funerario (Diario de Navarra)

02/02/2019 Mikel Idoate

No hablamos sobre la muerte, no estamos acostumbrados a hacerlo. Tampoco sobre el sector funerario, muchas veces denostado por noticias como la que acabamos de conocer. La policía investiga un tanatorio de Valladolid que presuntamente sustituía cajas por otras más económicas para así volver a venderlas. Como socio y gerente de Tanatorios Izarra quiero escribir las siguientes líneas ante este hecho que me ha dado qué pensar. Lo más sencillo sería dejarlo pasar y continuar trabajando, dejando que la profesión funeraria se perciba cada vez de forma más oscura y tétrica. Pero no quiero hacerlo, pese al riesgo de recibir críticas sobre mi persona y la empresa que dirijo, antepongo el libre intercambio de opiniones y la transparencia, cada vez más necesaria en todos los ámbitos. Ante todo, estimo necesario que se muestre la verdad sobre un sector que, pese a este triste caso, avanza decidido hacia su humanización y profesionalización. Permítanme, por tanto, apelar a esa antigua verdad que dice que “no todos somos iguales”. En este caso, yo, la defiendo a capa y espada. Ni todas las personas, ni todas las empresas, ni mucho menos todas las motivaciones son iguales. Quisiera por ello hacer un llamamiento a hacernos responsables de conocer con qué empresa tratamos, quiénes son sus socios, sus motivaciones, sus condiciones laborales, sus proveedores, para entre todos hacer una sociedad más justa, llena de oportunidades para todos y todas y que se recompense al que verdaderamente lo hace bien. El sector funerario y también la sociedad debe saber que el nuestro es un servicio público ofrecido por el sector privado. Debemos ser conscientes de que nuestro objetivo es ofrecer una despedida digna y personal a las personas que fallecen y no olvidar nunca que tratamos con personas, personas que están viviendo un momento muy delicado. Es por ello, que debemos continuar dignificando este sector a través de la transparencia, la profesionalidad y la cercanía, una filosofía de trabajo en la que noticias como esta hacen un enorme daño a quienes nos tomamos nuestro trabajo muy en serio.


A prisión el dueño de la funeraria y su hijo por la estafa de los ataúdes (La Vanguardia)

Valladolid, 2 feb (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha acordado la noche de este sábado prisión provisional comunicada y sin fianza para el dueño de la funeraria El Salvador, implicada en una supuesta estafa de ataúdes, y prisión provisional eludible con fianza de 800.000 euros para su hijo.

Según ha informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad a través de un comunicado, además el juzgado ha decretado libertad provisional para los otros 13 detenidos en la operación por presuntas prácticas irregulares en la empresa funeraria.

Los 13 detenidos puestos en libertad son investigados en una causa abierta por delitos continuados de falsedad y estafa, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

Desde las nueve de esta mañana han ido pasando a disposición judicial los 15 detenidos por el caso de la supuesta estafa que durante al menos dos décadas realizó la funeraria El Salvador en Valladolid, que a la hora de incinerar cambiaba los ataúdes de alta calidad por otros más baratos para revenderlos.

Las mismas fuentes han precisado que se trata de una calificación jurídica genérica y provisional y que serán las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial las que permitan esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.

El juzgado investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían.

De acuerdo a las mismas fuentes, las diligencias tienen su origen en 2017, y en el marco de esa investigación, el pasado jueves la Policía Nacional practicó por orden judicial siete entradas y registros en domicilios particulares y empresas de la capital y de la localidad de Santovenia de Pisuerga.

En el registro del domicilio de uno de los directivos de la funeraria se hallaron cerca de un millón de euros, según explicó el pasado viernes la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones.

Fuentes del Superior de Justicia han explicado que tras dichos registros, el Juzgado acordó levantar el secreto en la pieza principal, mientras que se mantiene secreta una pieza separada.

De acuerdo a lo detallado por la delegada del Gobierno el pasado viernes, se trata de una supuesta estafa con miles de casos, por varios millones de euros, que durante al menos dos décadas, entre 1995 y 2015, se realizó desde ese grupo funerario, que a la hora de la incineración cambiaba ataúdes de alta calidad por otros más baratos para luego revenderlos, y lo mismo hacía con las coronas de flores.EFE


Un tanatorio sobre un yacimiento arqueológico: la estafa de los ataúdes extiende los delitos (Eldiario.es)

La administradora única de Grupo El Salvador está imputada por realizar movimientos de tierras en un solar protegido sin licencia

Los investigadores apuntan que el permiso para levantar el “velatorio” se pidió tras extraer 600 metros cúbicos de tierra y que las obras destruyeron restos medievales

La detenida en la Operación Ignis es la esposa del propietario de la funeraria, quien sigue en prisión por revender féretros que no se incineraban

Laura Cornejo
04/02/2019 – 20:48h

Los propietarios de la empresa funeraria Grupo El Salvador, investigada por reutilizar y revender los ataúdes de las incineraciones tras sacar los cadáveres, pretendían construir un tanatorio sobre un yacimiento arqueológico en Olmedo (Valladolid) y empezaron a hacerlo hasta que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y un juzgado paralizaron las obras. En la página web el grupo funerario sostiene que la construcción sigue en marcha.

Según figura en los atestados policiales, las obras vaciaron un solar que forma parte del yacimiento arqueológico ‘Villa de Olmedo’, catalogado en el PACU (Patrimonio Cultural) de Castilla y León. Todo sin ningún tipo de licencia ni permiso administrativo.

Una patrulla del Seprona de Medina del Campo tuvo conocimiento, a finales de octubre de 2018, que en la zona se había realizado un importante movimiento de tierras. Ahí arrancó una investigación para determinar el alcance de los daños al patrimonio arqueológico y sobre su autoría.

En esa investigación colaboraron el Ayuntamiento de Olmedo, los vecinos y un equipo de arqueología del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. Se constató que a finales de mayo una empresa ejecutó unas obras sin autorización. De la zona se habían extraído entre 600 y 700 metros cúbicos de tierras.

Los trabajos incluyeron un desmonte con medios mecánicos que llegó a alcanzar en algunos lugares los 2,5 metros de profundidad y destruyeron la estratigrafía arqueológica existente, que databa de la Edad Media. Por esos hechos se instruyeron diligencias en un juzgado Primera Instancia e Instrucción de Medina del Campo, que identificó a la empresa e imputó a su administradora única.

La Guardia Civil nunca reveló qué empresa había hecho el destrozo, quién era la persona investigada y qué era lo que se pretendía construir. eldiario.es ha tenido acceso a la solicitud que presentó en el Ayuntamiento de Olmedo la administradora única de Agencia Funeraria Castellana SA, que forma parte del Grupo El Salvador, involucrado en el llamado fraude de los ataúdes y cuyos propietarios fueron detenidos la semana pasada. En la Operación Ignis los investigadores les imputan una estafa millonaria y les acusan de revender ataúdes que debían ser incinerados. Esas prácticas, según fuentes conocedoras del sumario se remontan veinte años atrás.

María del Rosario V.L, la mujer detenida el pasado miércoles y que ha quedado en libertad con cargos, es, además de la administradora de la sociedad, la esposa del fundador del grupo y madre de su actual gestor. Los tres fueron detenidos junto a otras 12 personas en la  Operación Ignisy los dos hombres permanecen aún en prisión preventiva.

En el documento al que ha tenido acceso eldiario,es, María del Rosario explicaba en varias líneas que Agencia Funeraria Castellana estaba interesada en la construcción de un “velatorio” en la calle San Francisco número 2 de Olmedo y facilitaba junto al documento dos cds con el proyecto básico y el proyecto de actividad para solicitar licencia de obras y permiso de actividad. Esta solicitud se presentó en agosto, meses después de que las máquinas hubiesen destrozado parte del yacimiento.

Tal y como informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a eldiario.es, de la instrucción se encarga el juzgado de Primera Instancia número 2 de Medina del Campo. La esposa del propietario del grupo funerario sigue imputada por un delito contra el patrimonio. Ahora, los investigadores también le atribuyen los delitos por los que fue detenida junto a parte de su familia y varios trabajadores en la Operación Ignis. De momento se le imputa delitos continuados de falsedad,  estafa, blanqueo, pertenencia a organización criminal y delitos contra la hacienda pública.


La Funeraria municipal cambia su denominación y estrena logo, con colores “cálidos” y el lema ‘Más allá del compromiso’ (Europa Press)

Madrid, 5 de febrero de 2019

La Funeraria municipal cambia su denominación –pasa a llamarse Servicios Funerarios de Madrid (SFM)– y estrena logotipo, con “formas y colores más cálidos y acogedores”, acompañado del lema corporativo ‘Más allá del compromiso’, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Se pone el foco en “la orientación a ser una empresa de referencia en cuanto a calidad y personalización en la prestación de los servicios funerarios de la ciudad de Madrid brindando un servicio cien por cien público desde su remunicipalización en el año 2016”.

Los cambios responden a la pretensión de transmitir “la calidad en los servicios funerarios que ofrece y el cuidado y protección a las familias que acuden a ellos para atender un momento tan delicado como es la despedida de un ser querido”.

Servicios Funerarios de Madrid (SFM) será la nueva marca que acompañará al nuevo imagotipo, un círculo que refleja la protección de dos manos. La evolución de su diseño refleja la evolución de la empresa, que aúna la amplia experiencia y profesionalidad de su plantilla en el sector funerario junto con el proceso de modernización, innovación y renovación de sus instalaciones y actividades.*

El gerente de la empresa, Fernando Sánchez, ha explicado que quieren prestar “un servicio de máxima calidad, que ofrezca respeto y apoyo al conjunto de familias y usuarios”. El nuevo logotipo muestra unas formas y colores más cálidos y acogedores, y se acompaña del lema corporativo ‘Más allá del compromiso’, con el que se quiere apoyar “el derecho de las personas a despedirse de los suyos y la voluntad de acompañarlas y ayudarlas no solo en la despedida sino también durante el duelo”.

El nuevo logo va precedido por el del Ayuntamiento de Madrid para destacar el carácter municipal de la empresa.* Este conjunto va a dar soporte a cada una de las submarcas con las que trabaja Servicios Funerarios de Madrid, submarcas que identifican el conjunto de las instalaciones municipales que gestiona, como catorce cementerios, dos tanatorios (Sur y M30) y dos crematorios (Almudena y Sur). La nueva web de la empresa Servicios Funerarios Madrid es https://sfmadrid.es.


Barcones recibirá a quienes canalizan las demandas por el caso de los ataúdes (La Vanguardia)

Valladolid, 5 feb (EFE).- La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, se reunirá con los colectivos que canalizan reclamaciones por la estafa en la reventa de ataúdes que investiga el Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid, que se calculan al menos en cerca de sesenta entre denuncias y consultas.

Un total de siete denuncias se han planteado ante el Cuerpo Nacional de Policía, tras la investigación abierta al Grupo funerario El Salvador por la supuesta estafa descubierta mediante la operación “Ignis”, consistente en retirar ataúdes ya comprados antes de la incineración para volver a venderlos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad han explicado a Efe que Barcones se reunirá con responsables de diversos colectivos que así lo han solicitado, que representan a parte de los afectados, con el fin de coordinar iniciativas a la hora de formular las reclamaciones.

Entre estas organizaciones se encuentra la Unión de Consumidores (UCE) en Castilla y León, que entre la jornada de ayer y este martes ha recibido cerca de medio centenar de consultas vinculadas con la estafa que se investiga, han confirmado a Efe el representante de este colectivo José Luis Picado.

Para agilizar el trámite a los perjudicados, el Cuerpo Nacional de Policía proporcionará un modelo de denuncia a las personas que se sientas afectadas por el supuesto delito económico, han anunciado fuentes de la Delegación del Gobierno.

El Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid centra las indagaciones en la posible retirada de casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015, han detallado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El Juzgado que investiga la presunta autoría de prácticas irregulares en la actividad de la empresa funeraria, por las que fueron detenidas quince personas -dos de ellas en presidio y trece puestas en libertad-, ha decidido este martes levantar el secreto de sumario de la pieza del caso en la que se acordaron intervenciones telefónicas que hicieron posible los arrestos.

La autoridad judicial trata de averiguar si se retiraban los féretros antes de la incineración y se revendían, unas prácticas que supuestamente se realizaron durante veinte años pero que “no afectan a todas las incineraciones” practicadas en ese periodo. EFE


Multa de 77.000 euros al cementerio de Salamanca por el trato de favor a varias funerarias (Tribuna Salamanca)

MUNICIPAL

La concesionaria que gestiona y explota el nuevo tanatorio y el cementerio aplicó de manera intencionada tarifas más bajas a las funerarias que forman parte de su accionariado.
Publicado el 06.02.2019
Escrito por: Félix Oliva López | @FelixOtwitts

Cobrar menos a unas funerarias que a otras por los mismos servicios. Esto es lo que, durante un tiempo, ha estado haciendo la mercantil Parque Cementerio de Salamanca, la empresa que explota el cemenerio y el tanatorio San Carlos Borromeo por concesión municipal. Una práctica que va contra sus obligaciones, con la que incumple un mandato judicial y que ha acabado en una multa de 77.755,89 euros por haber estado durante 22 meses dando trato preferente a las funerarias que integran la concesionaria en detrimento de otras.

Entre otras cosas, Competencia considera probado que la concesionaria que explota el cementerio y el tanatorio San Carlos Borromeo cobró diferentes cantidades a una serie de funerarias, dos de ellas, Vedosa y Fusanter, accionistas de la propia mercantil. Y que aplicó tarifas diferentes a las aprobadas por el municipio para los servicios funerarios, lo que se consideran actuaciones colusorias contra la competencia en el sector.

La multa es el resultado de un expediente abierto por el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León de la Consejería de Economía y Hacienda, resolución a la que TRIBUNA ha tenido acceso. Cuando en 2001 la mercantil Parque Cementerio de Salamanca, S.L. logra la concesión de construcción y explotación del nuevo tanarorio San Carlos Borromeo y del cementerio, se compromete a prestar los servicios funerarios conforme a unas tarifas municipales. Sin embargo, una empresa del sector denunció que no era así y que las empresas accionistas de la mercantil, Fusanter y Vedosa, incurrían en actuaciones contra la competencia en la gestión de lo que es una concesión municipal.

Esa denuncia prosperó y, en febrero de 2015, la mercantil que gestiona el cementerio salmantino se avenía a corregir las actuaciones irregulares y acogerse a una resolución del Tribunal de la Competencia, comprometiéndose entre otras cosas a aplicar las mismas tarifas y servicios a todas las empresas del sector, sin aplicar descuentos o bonificaciones especiales a ninguna empresa del sector.

Sin embargo, y tras el análisis de la facturación a varias empresas, se ha comprobado que la empresa Parque Cementerio de Salamanca se estaba saltando su propio compromiso. Entre otras cosas, habría modificado las tarifas que, según la resolución citada por TRIBUNA, derivan en una “no correspondencia entre las tarifas oficiales de precios aprobados por el Ayuntamiento y su efectiva aplicación”, así como “la práctica de una política de precios discriminatoria en beneficio de Vedosa y Fusanter cobrando por servicios similares precios distintos”.

 

Según las facturas comprobadas, correspondientes a un período de 22 meses entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, se estaban cobrando menos a las dos funerarias que gestionan la concesión por el uso de capilla; y en las facturas comprobadas las dueñas de la empresa concesionaria no estaban cargando los conceptos de recepción de cadáver y organización y entrega del cadáver. El Tribuna de la Competencia considera que le mercantil Parque Cementerio de Salamanca incurre en una falta muy grave al saltarse uno de los compromisos que firmó en 2015, el de aplicar las mismas tarifas a todos los usuarios, aplicando tarifas diferentes a las aprobadas por el municipio.

Por este motivo, el 16 de marzo de 2018 el Tribunal de la Competencia resolvió el expediente y, tras una fase de recursos y alegaciones, el pasado día 24 de julio de 2018 acordaba que la empresa que gestiona el cementerio de Salamanca se saltó de manera intencionada y durante 22 meses la obligación de aplicar las mismas tarifas a todas las empresas del sector y le imponía una multa de 77.755,89 euros por ello, un 3% del volumen de negocio del año 2016, de más de 2,5 millones de euros. La resolución es firme y no cabe recurso salvo en la vía contencioso-administrativa.


Los pinchazos telefónicos, claves para desentrañar la estafa de los ataúdes que acumula 6.000 perjudicados (El Diario.es)

El juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha levantado el secreto de sumario la segunda pieza del caso y que reúne los pinchazos telefónicos a los investigados

La Policía, que ya ha recibido siete denuncias facilita un formulario autorizado por la Fiscalía para que los posibles afectados dejen sus datos

El extorsionador que destapó la trama es uno de los 15 imputados en la investigación

Laura Cornejo
06/02/2019 – 00:32h

La Policía investiga si en la estafa de la funeraria de Valladolid se incineraron cadáveres sin ataúd
Un tanatorio sobre un yacimiento arqueológico: la estafa de los ataúdes extiende los delitos
Una estafa que revendió 6.000 ataúdes durante dos décadas, entre los años 1995 y 2015, en varios tanatorios de Valladolid, todos del Grupo El Salvador. Es el cálculo provisional que maneja el juzgado que investiga este caso de fraude que los investigadores cifran en millones de euros. El Juzgado de Instrucción nº 6, que persigue presuntas prácticas irregulares en la actividad de la empresa funeraria El Salvador, ha levantado este martes el secreto de sumario de la segunda pieza de esta causa que recoge, fundamentalmente, los pinchazos telefónicos a los imputados.

La investigación trata de determinar si además de dar el cambiazo por otras cajas más baratas los operarios del tanatorio llegaron a cremar cadáveres sin féretro. Tales prácticas habrían estado realizándose entre los años 1995 y 2015, pero según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no afectan a todas las incineraciones realizadas en este periodo.

El pasado sábado, la magistrada acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del dueño de la mercantil y la prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros de su hijo, que aún permanece en la cárcel. Ambos hombres comparten celda en el Centro Penitenciario de Valladolid. En la casa del primero, la policía halló cerca de un millón de euros en metálico.

La familia, originaria de Torrelobatón, donde empezó vendiendo pescado, es una de las más acaudaladas de Valladolid y cuenta entre sus posesiones terrenos y varios bloques de pisos en el centro de la ciudad.

Su actividad funeraria se extendió a varios municipios de la provincia, con tanatorios privados y concesiones municipales. Tal y como publicó ayer  eldiario.es, uno de sus últimos proyectos, un tanatorio en Olmedo, está en el punto de mira de un juzgado de Medina del Campo, ya que sin permiso de obras realizaron movimientos de tierras en un yacimiento arqueológico.

Los otros trece arrestados quedaron en libertad. Los 15 detenidos, son investigados en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo y organización criminal.

Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.

El extrabajador que denunció, detenido e investigado
Entre los detenidos está el extrabajador del que partió la investigación. El exempleado empezó a extorsionar a los dueños de la funeraria cuando se jubiló porque no estaba de acuerdo con la pensión que le había quedado. Así, en 2016 solicitó diversas cantidades de dinero a cambio de no revelar a la Policía las presuntas prácticas irregulares que se realizaban los tanatorios del grupo empresarial.

Los propietarios denunciaron los hechos y, mientras el chantajista fue condenado a un año de cárcel, el juzgado abrió una pieza secreta en 2017 en la que investigó si lo que decía el extorsionador era cierto. El hombre aportó un pen drive con documentación y fotografías que demuestran que los cadáveres eran extraídos de los ataúdes momentos antes de la incineración, con el fin de revender los féretros, además de las flores.

Los tanatorios del Grupo El Salvador, en Valladolid y Santovenia de Pisuerga, son con diferencia los más contratados por particulares y aseguradoras. La Policía investiga también el papel de estas últimas en la trama para determinar si son afectadas o pudieron actuar en connivencia con la funeraria.

El juzgado irá llamando “paulatinamente” a los afectados para informarles de la existencia del procedimiento judicial. Se contactará con ellos y se les ofrecerá que puedan personarse en la causa. Por su parte, la Policía Nacional ya ha elaborado un modelo de denuncia, autorizado por la Fiscalía, para “agilizar el trámite”.

El documento resume los hechos investigados en la Operación Ignis, adelantada por eldiario.es el pasado 31 de enero y que afecta a “los servicios de incineración llevados a cabo en el entorno de la empresa Agencia Funeraria Castellana, Tanatorio El Salvador y Cementerio-Jardín El Salvador. El objetivo es evitar largas esperas a los afectados e informar de toda la documentación que tienen que aportar: contrato con la aseguradora, si es el caso, contrato de servicios con las empresas de Grupo El Salvador, justificantes de pago, coste de los servicios funerarios que recibieron y la relación familiar con el fallecido.

Los denunciantes sólo serán citados por la Policía o por el juzgado en el caso de que se les considere efectivamente perjudicados una vez se investiguen las denuncias. Además, la Policía advierte de que la investigación está en una “fase incipiente” en la que hay que estudiar numerosa documentación y archivos informáticos, por lo que hay tiempo suficiente para efectuar las denuncias y “no es necesario apresurarse”. Hasta el momento tan solo siete personas han denunciado.


La síndica de Barcelona lanza un dardo contra la funeraria municipal (Catalunya Press)

Redacción Catalunyapress | Miércoles, 6 de febrero de 2019, 20:52

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha alertado de nuevo de la “falta de transparencia” en la contratación de servicios del sector funerario, ya que ha detectado prácticas en materia de cálculo de costes, facturación e información de los servicios que considera inadecuadas y poco transparentes.

En un rueda de prensa para presentar el balance del año 2018, Vilà ha hecho hincapié en esta cuestión y ha explicado que, en uno de los casos tratados, se revisó una factura de un servicio funerario con un precio final de 11.127 euros: “La reclamante era una persona vulnerable que nos dijo que no había solicitado algunos de los servicios que se le habían cobrado”.

Ha lamentado que la empresa, que no ha querido identificar, no aceptó la reclamación, por lo que la Sindicatura planteó la cuestión ante la Agencia Catalana de Consumo, llegando el asunto a sustanciarse en sede arbitral, que resolvió en derecho y por unanimidad estimar parte de la reclamación.

Vilà también ha señalado “irregularidades” en la prestación de servicios funerarios por parte de Cementiris de Barcelona (CBSA) en materia de cálculo de costes, facturación e información de los servicios, por lo que ha instado a que la ciudadanía disponga de un documento que informe bien a las familias en un momento tan delicado.

OTROS PROBLEMAS

En relación a la vivienda, ha advertido de que se perpetúa el problema de acceso a la vivienda de compra o alquiler: “Se ha convertido en una misión imposible en Barcelona y en parte de municipios del alrededor”, por lo que ha pedido planificar y priorizar políticas sociales de vivienda a través del Consorcio de la Vivienda de la Generalitat.

Ha afirmado que estas políticas deben lograr el objetivo del 15% de viviendas principales en Barcelona antes del año 2027, y también ha explicado que han recibido a personas afectadas por la compra ejecutada por los fondos inversores del edificio donde residen.

En relación a los narcopisos, ha instado a Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra a persistir en el trabajo conjunto, mientras que, en el ámbito de la accesibilidad, ha señalado el déficit de taxis adaptados  –sólo 91 de las 10.521 licencias–, y también ha pedido mejorar el drenaje de las Árees d’Esbarjo de Gossos (AEG) de la ciudad.

Vilà ha criticado la falta de plazas en residencias de ancianos, por debajo de las 2,37 plazas por cada 100 habitantes: “Concretamente, nos encontramos en 1,49 plazas por 100 habitantes, lo que supone un déficit de 6.000 plazas”, por lo que ha pedido un planificación de equipamientos residenciales para solucionar este déficit.


El ayuntamiento de Barcelona presenta la II Jornada de Servicios Funerarios Municipales (Revista Funeraria)

 

El próximo 14 de febrero el Ayuntamiento de Barcelona celebra la ‘II Jornada de Servicios Funerarios Municipales: el punto de equilibrio entre oferta y demanda’, la cual tendrá lugar en el Auditorio B:SM de la Ciudad Condal de 9 a 14 h. “La recuperación de la gestión directa de servicios públicos esenciales ya forma parte de la agenda política de muchos municipios. Los servicios funerarios son un ejemplo y en el caso de Barcelona el ayuntamiento tiene un proyecto viable para la creación de una funeraria pública que ofrece servicios económicos de calidad”, explica Eloi Badia, regidor de Presidencia, Agua y Energía del consistorio barcelonés para quien el encuentro será una buena oportunidad para compartir experiencias con otros municipios que ya trabajan con una funeraria pública, debatir sobre los servicios funerarios y sobre “la idoneidad de que estos servicios se presten desde la iniciativa pública”.

El encuentro incluirá tres mesas redondas. La primera de ellas bajo el título ‘La introducción de las empresas privadas en los servicios funerarios’, contará con la intervención de Carme Masquef, gerente de la División de Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp; Jordi Vilà, gerente de la Empresa Municipal de Palma de Mallorca;  Francisco Javier Martínez Galán, alcalde de Fuentes de Andalucía, y Jürgen Sild,  director de los Servicios Funerarios Bestattung Wien de Viena.

La segunda mesa, ‘La convivencia de las empresas públicas y privadas en el mercado funerario’, estará formada por Fernando Sánchez, gerente de Servicios Funerarios de Madrid; José Luis Ferrer, gerente del Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz y José Antonio Romero, gerente de CECOSAM (Cementerios de Córdoba).

La última mesa redonda será  ‘El caso de Barcelona. La visión de los ciudadanos y ciudadanas’ y en ella participarán Assumpció Vilà, síndica de Greuges de Barcelona; Isabel Alonso Dávila, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Catalunya; Xusa Serra, enfermera referente en el duelo del Hospital Universitari General de Catalunya y Presidenta de Gestdol, y Joan Bordetas, Tesorero Junta Federación Asociación de Vecinos de Barcelona.

2019-02-08T11:58:34+00:00

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