Ramón Llaona Mendoza, nuevo director general de Grupo Funespaña (Diariofinanciero.com)

Funespaña ha nombrado a Ramón Llaona Mendoza nuevo director general del Grupo, según informa la compañía en un comunicado.
El nuevo director general, que hasta ahora ocupaba el puesto de director del negocio, es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y posee una amplia experiencia en el sector de seguros de decesos y funerario, desarrollando funciones de consejero en diversas sociedades y empresas mixtas vinculadas al sector.

Llaona ha manifestado su «energía, entusiasmo, ambición y responsabilidad» ante esta nueva etapa, en la que busca convertir a la empresa en una «referencia en los servicios de fallecimiento».

Funespaña es un grupo empresarial de servicios al fallecimiento, comprometido con ofrecer alternativas para buscar soluciones personalizadas. Cuenta con un amplio número de profesionales distribuidos en 22 provincias, en las que realizan más de 64.000 servicios funerarios anuales a través de una red de 104 oficinas funerarias, 157 tanatorios, 25 crematorios, 24 cementerios y 572 empleados.


Arrecife licita la prestación de servicios funerarios para personas sin recursos e indigentes (Funerario Digital)

14 enero, 2022
elfunerariodigital.com

Arrecife licita la prestación de servicios funerarios para personas sin recursos e indigentes
El Ayuntamiento de Arrecife (provincia de Las Palmas) ha sacado a licitación la prestación de servicios funerarios de carácter social para personas indigentes y aquellas otras que no son reclamadas por familiares u otras personas.
El presupuesto base de licitación, más impuestos, asciende a la cantidad de 19.695,08 euros; cuya vigencia será de un año, prorrogable por otros tres años adicionales, hasta una duración máxima total de cuatro años.

La necesidad de los referidos servicios obedece al cumplimiento de la normativa recogida en el Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria, que en su artículo 27, correspondiente a Servicios funerarios y mortuorios a personas indigentes, establece que “los municipios de Canarias asumirán a su cargo los costes de la prestación de los servicios funerarios y mortuorios de las personas indigentes que fallezcan en su término municipal”.

Dado que el Ayuntamiento carece de los medios materiales y humanos necesarios para la correcta prestación de los servicios funerarios de carácter social y todo lo que ello supone, se ha llevado a cabo la licitación pública de los mismos dirigido a facilitar la nevera, el féretro y el transporte gratuito a personas indigentes fallecidas ya sea en centros sanitarios, domicilios, vía pública u otros lugares dentro del término municipal, como consecuencia de accidentes fortuitos, violencia o causas naturales, cuando su cadáver no sea reclamado por la familia o alguna otra persona.

La prestación de servicios funerarios con cargo al Ayuntamiento de Arrecife consistirá́ en facilitar nevera, el féretro, placa funeraria identificadora de aluminio, servicio de cremación, servicio de conservación y la conducción de los cadáveres desde el lugar de su defunción (depósito de cadáveres, instituto de anatomía forense o medicina legal) hasta el cementerio del municipio de Arrecife, incluidos los traslados pertinentes intermedios como puede ser traslado a tanatorio, crematorio, entre otros.


Tres empresas se responsabilizan del negocio de las pompas fúnebres a escasos metros del Salvador (El Comercio)

A. A.OVIEDO. Martes, 18 enero 2022, 01:02

En Oviedo fallecen cerca de 2.400 personas cada año; sin embargo, la tasa de natalidad de la capital del Principado de Asturias continúa siendo una de las más bajas de todo el país. El municipio se encuentra en el sexto lugar de la tabla de ciudades de España en la que menos niños nacen con apenas 1,02 hijos por mujer, tal y como recogen los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dos datos que hablan por sí mismos de una población profundamente envejecida y, en el caso del negocio de las pompas fúnebres, de la rentabilidad de un sector que ya es rentable de por sí.

En el caso concreto del municipio aparece repartido entre tres empresas, con tres tanatorios concentrados todos ellos a escasos metros del cementerio municipal del Salvador. La primera, Funerarias Reunidas, que gestiona además el camposanto, tiene el tanatorio de Los Arenales, que empezó a construirse en 1982 y es, aún hoy, el mayor de la ciudad con sus casi 4.000 metros y 17 salas, después de que la empresa invirtiese 2,4 millones de euros en 2008 para ganar otros mil metros y aumentar el número de velatorios. Eso, con la propuesta de erigir uno nuevo mucho más grande en Prado de la Vega. La segunda, Funerarias Principado, inauguró hace veintiséis años el tanatorio El Salvador, con cuatro salas para la realización de velatorios, ampliadas en 2003 hasta llegar a la decena. La tercera, Funerarias Santa Teresa, ha sido la última en aterrizar en el entorno de Los Arenales tras su llegada en 2006. Inauguró el tanatorio Ciudad de Oviedo sobre una finca de más de 7.000 metros cuadrados orientada hacia el Aramo, en la trasera del cementerio, que fue ampliado aún en 2010.


Trabajadores del sector funerario se concentran por la regularización de los salarios de 2013 (Valencia Plaza)

18/01/2022 – VALÈNCIA (EFE). Trabajadores del sector funerario se han concentrado este martes ante la sede de la Dirección General de Trabajo en València por la regularización de las tablas salariales del año 2013 y para denunciar el régimen sancionador que quiere imponer la patronal PANASEF.

Con esta movilización convocada por CCOO PV, el sindicato reivindica la dignidad en las condiciones laborales y económicas de los trabajadores del sector ante la «mísera subida» que a su juicio ofrece la patronal.

Según CCOO, esta tiene la intención de «lapidar» los principales derechos conseguidos por los trabajadores, como la conciliación entre la vida laboral y familiar, o el logro de salarios dignos, así como introducir un régimen sancionador «de la época romana».

Reclama que se regularicen y actualicen las tablas ante la pretensión de la patronal de «imponer un esqueleto de convenio como el que tienen en Madrid», con la circunstancia de que aquí existe convenio de referencia, «ya elaborado e implantado» y que se ha ido prorrogando de forma automática año tras año, explica a EFE el portavoz del sector en CCOO PV, Miguel Ángel Salcedo Arcos.

Foto: CCOO PV
CCOO resalta que se han mantenido en silencio durante este periodo de pandemia mientras se desarrollaba la negociación del convenio colectivo sectorial, «sin levantar la voz ni reivindicar la labor de estos trabajadores», que «jamás ha sido reconocido ni aplaudido por su trabajo, siempre difícil y especialmente impregnado de un factor psicológico que la profesión lleva implícita».

La patronal funeraria «lleva ahorrándose la subida salarial de sus trabajadores desde los últimos siete años», pero las empresas han seguido subiendo las tarifas a sus servicios funerarios y las primas de los asegurados de las compañías a las que pertenecen, añaden fuentes del sindicato, que representa a la mayoría de los empleados.

Respecto al régimen sancionador, Salcedo denuncia que quieren introducir un régimen cuya finalidad es «tener coaccionados» a los trabajadores, con quince nuevas sanciones.

Los trabajadores también piden poder atender a la conciliación familiar en un sector que en la provincia de Valencia cuenta con más de 300 trabajadores y donde muchas de las empresas son de pequeño tamaño y familiares.

Por su parte, desde PANASEF han indicado a EFE que el 5 de enero la patronal envió una propuesta de negociación a los sindicatos representativos, CCOO y STRAMBAL-Trabajadores de Mémora Valencia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta por la parte sindical y está a la espera de que se produzca una contestación.

CCOO cuenta con la mayoría de la representación social (80 %) mientras que STRAMBAL representa al 20 % restante, según fuentes sindicales.

Mémora es el primer grupo de la península ibérica de servicios funerarios, tanatorios, crematorios y gestión de cementerios, según la información recogida en su web.


El Ayuntamiento de Rota mejora y renueva el mobiliario del tanatorio municipal (rotaaldia.com)

La delegada supervisa la colocación de uno de los cuadros
La demanda ciudadana que existe desde hace años de tener un tanatorio municipal en mejores condiciones, mejor habilitado, más cómodo y con una  mejor imagen, se ha atendido por parte del Ayuntamiento de Rota que hoy ha informado de la renovación y mejora del mobiliario urbano de este espacio usado por personas que tienen que velar y despedir a un ser querido por fallecimiento.

 

La delegada municipal de Cementerio, Laura Almisas, ha comprobado esta misma semana el resultado de la inversión que el Ayuntamiento ha realizado en las salas y pasillos del tanatorio, donde se han colocado 66 sillas, 4 sofás y varios stores nuevos y se han restaurado y lacado los armarios y mesas. Una renovación completa presupuestada en algo más de 15.000 euros, que desde el gobierno local confían en que permita a los roteños estar algo más cómodos cuando tienen que ir desgraciadamente al cementerio.

 

 

El pasillo del tanatorio con el nuevo mobiliario
Según ha informado la delegada municipal, la remodelación se ha completado con una colección de fotografías y cuadros adaptados a las condiciones y uso de este espacio, para lo que se ha contado con la intervención de Pablo Barba y Cayetano Herrera, así como la colaboración de varios fotógrafos locales. Así, en la zona del pasillo se han colocado unas 40 fotografías en las que se muestran desde vistas aéreas de Rota a fotografías antiguas e imágenes de la vida cotidiana y oficios tradicionales de la localidad. Por otro lado, en las salas del tanatorio, ha indicado Laura Almisas,  se ha optado por cuadros abstractos que simulan cielos o nubarrones. Son composiciones sutiles y suaves, en las que predominan tonalidades verdes, no solo como símbolo de esperanza, sino también para integrar el mismo color del nuevo mobiliario y crear un ambiente más homogéneo.

 

Tras esta actuación, el Ayuntamiento de Rota tiene previsto seguir mejorando el cementerio municipal con la ejecución de un nuevo proyecto que permitirá rehabilitar el pavimento de las calles interiores del campo santo, que se encuentran deterioradas por el tiempo y las raíces de los árboles.

Gracias a este proyecto, presupuestado en unos 24.000 euros y que se llevará a cabo a través de los fondos del Profea, se mejorará no solo la imagen sino también y sobre todo, la seguridad en el paso y la accesibilidad de las personas que visitan el cementerio municipal.

Desde la delegación de Cementerio se ha recordado que estas actuaciones se suman a otras de mantenimiento que se han realizado recientemente en el cementerio municipal, en el que se ha pintado el tanatorio, se han mejorado los cuartos de baño, se han reparado las deficiencias que existían en la zona de entrada del tanatorio al cementerio y se ha sustituido por completo la rotulación del acceso a  este equipamiento.

Además de estas labores, el gobierno municipal ya llevó a cabo en la pasada legislatura la rehabilitación y mejora de toda la zona de aparcamiento y jardines  exteriores, que cuenta gracias a esta actuación, con un firme totalmente nuevo, mejoras en la zona verde con una placita pavimentada que sirve para cruzar desde los aparcamientos a la entrada principal del tanatorio, una nueva reorganización de los aparcamientos que permite contar con unas 60 plazas más y nuevas luminarias led, de eficiencia energética.


El Supremo crea jurisprudencia sobre la ubicación de los tanatorios y obliga a cerrar el del municipio granadino de Castril (Confilegal.com)

En un fallo pionero destaca que no son actividades comerciales y su ubicación debe estar en una zona industrial
Luis Javier Sánchez
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20/1/2022 06:50

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha obligado a cerrar a un tanatorio de Castril de la Peña (Granada) tras declarar nula su licencia.

En la sentencia 1533/2021, 20 de diciembre, de la que fue ponente el magistrado Wenceslao Francisco Olea, notificada a las partes el pasado 14 de enero de 2022,  resuelve que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento.

El tanatorio tendrá que cerrarse a corto plazo tras dicha resolución. Una vez que los autos vuelvan a la sala, el Ayuntamiento tendrá un plazo de un mes para cumplir esta sentencia.

Javier López García de la Serrana y Vanessa Fernández, socios de la firma HispaColex Bufete Jurídico, que han ganado el caso frente al Consistorio, indican que ni el planeamiento municipal de Castril de la Peña ni la normativa autonómica andaluza en materia sanitario-mortuoria prevén la compatibilidad de usos, resultando improcedente la instalación de un tanatorio en una zona de uso global residencial con los consiguientes perjuicios que vienen sufriendo los vecinos desde hace varios años ante la pasividad municipal.

El fallo del Tribunal Supremo que sienta doctrina jurisprudencial pone fin a una batalla judicial de seis años entre unos vecinos del pueblo y el propio Consistorio.

Al mismo tiempo, confirma el fallo en las otras dos instancias inferiores en los que también se hablaba del emplazamiento equivocado del tanatorio.

Hasta el momento había varias sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Justicia, pero no había ninguna del Tribunal Supremo. Esta es una de las causas que ha provocado que este Alto Tribunal haya entrado a analizar este asunto que tiene una gran repercusión social.

Javier López y García de la Serrana y Vanessa Fernández, socios de Hispacolex.
Esta sentencia puede afectar a cientos de pueblos españoles que se encuentran en la misma tesitura que el municipio demandado por sus vecinos. Ahora con el fallo judicial tendrán un argumento sólido para defender sus reivindicaciones.

En dicha sentencia, en su punto cuarto señala que “la ubicación de unas instalaciones de tanatorio, sin horno crematorio, deberá realizarse conforme a las normas generales que para los correspondientes usos se establezcan con carácter general en el planeamiento municipal y la concreta regulación general sobre compatibilidad de usos, atendiendo a la normativa  autonómica en materia sanitario mortuoria”.

A este respecto se tiene que atender a lo que dice la normativa autonómica y no la del ayuntamiento de turno, que puede podría haberse saltado.

“Ante la falta de previsión urbanística sobre la ubicación del tanatorio, no cabe calificar su actividad como comercial, como había hecho el propio Ayuntamiento y compatible con el uso residencial, sino que debe equiparse con el uso industrial, lo que le hace incompatible por tanto del de vivienda”, aclara López y García de la Serrana.

“Ahora crea doctrina como lo indica en el penúltimo fundamento jurídico de la sentencia de 21 páginas que desestima el recurso de casación del ayuntamiento granadino”, añade.

EL SUPREMO CONFIRMA EL FALLO DEL TSJ DE ANDALUCÍA
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, dictó sentencia 649/2019, de 21 de marzo, por la que se desestimaba el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Castril de la Peña contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Granada.

En dicha sentencia de primera instancia ya se indicaba que ante la falta de previsión urbanística sobre la ubicación del tanatorio, no cabe calificar la actividad como comercial ni compatible con uso residencial (sino equiparable a esos efectos con el uso industrial e incompatible por tanto con el de vivienda).

En el fallo se declaraba ilegal dicho tanatorio y se obligaba al cierre, ubicado en el interior de una vivienda pese a no contar con licencia y ordenaba al Ayuntamiento granadino su cierre, tras el perjuicio ocasionado a sus vecinos, que habían visto vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar por esta actividad funeraria.

Con posterioridad, el Ayuntamiento de Castril de la Peña planteó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el cual fue admitido a trámite mediante auto de 8 de Junio de 2020.

En dicho auto se precisaba que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, a falta de previsión urbanística específica sobre la ubicación de la actividad de tanatorio (sin crematorio), se trata o no de una actividad compatible con el uso residencial a afectos de emplazamiento.

Lopez y García de la Serrana explica a Confilegal que su despacho ha llevado cuatro temas de otros tantos tanatorios, “todos se ganaron en el TSJ de Andalucía, en municipios como Caniles, Íllora y La Malahá, pero solo Castril lo ha llevado al Tribunal Supremo, donde ahora se reconoce que el emplazamiento estaba en un lugar equivocado”.

Para este jurista, “con este fallo judicial se reconoce el derecho a descansar. Y el derecho a tener una vida normal. Nadie puede pensar, pese a su falta de regulación que un tanatorio puede situarse en el centro de cualquier localidad. Ante ese vacío legal, muchos ayuntamientos lo han colocado en el centro del núcleo urbano y eso ahora no se puede permitir”.

SE VALORA PEDIR DAÑOS MORALES
Este letrado explica a nuestro medio informativo que en este momento están valorando si es el momento de pedir una compensación al propio Ayuntamiento por los daños morales sufridos durante estos años por estar conviviendo con un tanatorio como vecino.

“Es un caso parecido a las sentencias de ruido, donde se ha condenado a ayuntamientos por este motivo al permitir que hubiera establecimientos que no cumplían con las normas de urbanidad”, aclara este jurista.

El asunto se remonta al año 2014 cuando los vecinos afectados de esta localidad granadina, asesorados por este despacho de abogados, interpusieron un contencioso a su Ayuntamiento en el que reclamaban que dicho tanatorio, situado en una vivienda de la calle Marote, dejara de funcionar.

Tener un tanatorio al lado como vecino, rompe la rutina en cualquier ciudad, “el tanatorio es una actividad poco común que hay que llevar a un sitio a las afueras de cualquier población, un sitio que esté permitido por el Plan Urbanístico, pero ante el vacío legal se permitía estas prácticas”.

Al final los continuos velatorios rompen con la actividad de ese emplazamiento, con ruidos y otro tipo de actividades que hacían que las quejas de los vecinos colindantes fueran frecuentes. “Ahora la noticia local tiene una trascendencia nacional por este fallo reciente de la Sala Contenciosa del Supremo», comenta nuestro interlocutor.

Esta problemática es bastante común en nuestro país por la falta de regulación, “los ayuntamientos hacían la vista gorda dando esa licencia y cobrando los impuestos correspondientes a estos negocios, sin darse cuenta del perjuicio social que generaban a los vecinos de los alrededores”.

Al final, “muchos vecinos viven con el sufrimiento de la muerte noche y día por estos emplazamientos incorrectos de los tanatorios en muchas localidades españolas. Ahora con el pronunciamiento del Tribunal Supremo no quedan dudas sobre dónde deben ubicarse este tipo de negocios”.


La jueza que investiga el caso de los ataúdes de Valladolid prorroga la instrucción (El Norte de Castilla)

Mantiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas miembros de la familia Morchón, titulares del Grupo Funerario El Salvador
EL NORTEValladolidJueves, 20 enero 2022, 15:01

La investigación sobre la supuesta actuación delictiva por parte de los titulares y trabajadores del Grupo Funerario El Salvador de Valladolid, en el marco de la denominada Operación Ignis sobre el supuesto ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015 durante el proceso de cremación, ha sido prorrogada por espacio de otros seis meses debido a que aún quedan por practicar importantes pruebas.

Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 6 a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, en el que se establece una prórroga de la investigación que finalizará el próximo día 22 de julio.

La instructora recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa y que si con anterioridad a la finalización del plazo se constatase que no será posible finalizarla, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

En el presente caso, la jueza recuerda que las diligencias previas se encuentran actualmente pendientes de los dos informes que faltan de aportar por parte del Grupo I UDEV, uno de ellos relativo al consumo de gas de los hornos crematorios instalados en el Nuevo Tanatorio El Salvador y en el Cementerio Parque el Salvador, y el otro relativo al contenido de los dispositivos electrónicos/informáticos que fueron intervenidos con ocasión de la diligencia de entrada y registro en las instalaciones de Agencia Funeraria Castellana SA y Parque el Salvador SL.

A la vez, se continúa con el ofrecimiento de acciones a los perjudicados y, además, el fiscal ha solicitado la práctica de nuevas testificales, con lo que la instructora justifica la nueva prórroga por otros seis meses, hasta julio, en que las diligencias pendientes se consideran «idóneas y necesarias a fin de concluir la instrucción, al no ser posible su conclusión antes del 29 de enero de 2022», fecha en la que estaba previsto que expirase la investigación.

Informa incriminatorio de la Policía
Hace unos meses, un informe elaborado por Policía Nacional en Valladolid, a partir del análisis de una veintena de dietarios ocupados en el Cementerio Parque El Salvador, sostenía que hubo actuación delictiva por parte de los responsables y trabajadores del mismo al hacer creer a los familiares de los fallecidos que estos eran incinerados en el tanatorio de la capital, cuando en realidad se efectuaba en instalaciones de Santovenia, una vez realizada la supuesta ‘sustracción’ de ataúdes.

El informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 se enmarca en las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo UDEV-I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid en el entorno del grupo empresarial El Salvador, por las que la jueza titular mantiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas miembros de la familia Morchón, titular del negocio.

Los peritos han analizado un total de 22 dietarios –desde 1997 a 2019, si bien falta el de 2017– con ocasión de los registros llevados a cabo en varias de las instalaciones del citado grupo empresarial el 31 de enero de 2019, fecha de ‘explotación’ de la denominada Operación Ignis. La documentación se intervino en dependencias del Cementerio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

La veintena de dietarios ha sido además cotejada con las 26 libretas intervenidas al extrabajador Justo M. G, cuyas manifestaciones destaparon el supuesto escándalo registrado entre los años 1995 y 2015 en el grupo funerario, periodo en el que, presuntamente, se dio el ‘cambiazo’ a féretros de alta calidad por otros mucho más barato antes del proceso crematorio.

Al respecto, la policía constataba que las declaraciones del extrabajador, quien reconoció que en muchos casos las incineraciones no se realizaban en el Tanatorio El Salvador sino en el cementerio, «evidencian que los datos aportados por éste se ajustan a la realidad», y ello a pesar de que la defensa de los investigados haya puesto en tela de juicio la veracidad de sus afirmaciones e incriminaciones y enmarque todo en un intento de extorsionar a la familia Morchón.


Inician las obras de construcción del tanatorio de Sants de Barcelona a pesar de la oposición vecinal (Funerario Digital)

La empresa Proxima Serveis Funeraris, (la marca de Funeraria San Ricardo) ha iniciado las obras de construcción del nuevo tanatorio en el barrio de Sants de Barcelona, ubicarlo en el edificio que ocupaba un Happy Park y que anteriormente fue la fábrica Germans Climent.

La licencia que recibió por parte del Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau, llego tras la aprobación de un plan especial de cambio urbanístico en julio del 2020 y el proyecto incluye que la funeraria aportará los recursos económicos para la reurbanización del entorno.

Las obras del tanatorio de Sants se han iniciado con una enorme duda, que el tribunal pueda desautorizar el proyecto. La jurisdicción contenciosa aún no ha resuelto sobre la impugnación vecinal. Entre otros motivos, porque el Ayuntamiento de Barcelona no ha entregado la documentación que requiere el juez para estudiar los escritos de las partes.

Si la justicia fallara contra el proyecto urbanístico o revocara la licencia de obras, los promotores deberían encajar los costes de la intervención.

Los vecinos se constituyeron en la «plataforma Stop Tanatori» para oponerse a la instalación de este equipamiento, porque consideran que su ubicación, “es completamente inadecuada y comporta un impacto negativo en el barrio”.  A pesar de su lucha, para evitar su construcción, Stop Tanatori, no lo ha conseguido, ya que el proyecto ha contado con el apoyo de los grupos del gobierno municipal.

Los residentes han censurado al Consistorio de Colau que haya permitido el inicio de las obras del nuevo tanatorio, “su construcción supone un tremendo impacto en el barrio porque no tiene encaje urbanístico».


Revocada una indemnización de 21.495 euros por una caída en el tanatorio de Pedrera en un velatorio (teleprensa.com)

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formulados contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla, que revoca una sentencia previa que condenaba a la empresa gestora del tanatorio de Pedrera a indemnizar con 21.495,77 euros a una mujer por una caída en dicho recinto durante un velatorio.

AGENCIA
20 DE ENERO DE 2022, 18:32

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formulados contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla, que revoca una sentencia previa que condenaba a la empresa gestora del tanatorio de Pedrera a indemnizar con 21.495,77 euros a una mujer por una caída en dicho recinto durante un velatorio.

En una sentencia emitida el pasado 24 de noviembre y recogida por Europa Press, el Supremo aborda los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formulados contra una sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla, que revoca una sentencia inicial del Juzgado número uno de Estepa.

Según el Supremo, el litigio fue promovido por una mujer contra la empresa Servicios Funerarios Sierra Sur, «en ejercicio de acción de responsabilidad extracontractual en cuya virtud se reclama la cantidad de 21.495,77 euros, más intereses y costas, correspondientes a las lesiones sufridas en la caída que sufrió el día 7 de noviembre de 2014 en las escaleras del Tanatorio de Pedrera cuando acudió a un velatorio, escalera que no cumplía las obligaciones de señalización y tratamiento establecidas por la normativa autonómica y estatal, especialmente sus arranques y desembarcos y escalones con identidad de color, piso y dibujo».

«Como consecuencia de la caída la demandante fue trasladada al Hospital Comarcal de La Merced, de Osuna, donde fue diagnosticada de fractura de muñeca, desplazándose posteriormente y debiendo ser tratada con material de osteosíntesis», indica el Supremo, detallando que la sentencia inicial del Juzgado número uno de Estepa admitió la demanda inicial y condenó a la empresa a pagar la indemnización ya descrita.

A LA AUDIENCIA

Pero tras elevar la empresa el asunto a la Audiencia, dicha instancia admitió el recurso de la misma y revocó la condena inicial, considerando que «no se puede concluir que se encuentre acreditado el necesario nexo de causalidad entre un supuesto incumplimiento de la demandada respeto de la disposición de los escalones donde se produjo la caída y las lesiones sufridas por la actora».

«Acreditado que fue, en efecto, por la prueba testifical, que la caída se produjo en el lugar y la fecha que denuncia la parte demandante, no resulta en cambio acreditado la forma en que se produjo la caída», sostiene la Audiencia.

Y ante los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formulados ante el Supremo por la promotora del litigio ante la revocación de la condena, el Supremo ha decidido inadmitir ambos, señalando que la recurrente «considera probada la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta de la demandada y el daño producido a la demandante, eludiendo que la sentencia recurrida, tras la valoración de la prueba, concluye la falta de prueba en relación con el nexo de causalidad entre la conducta de la demandada y el daño producido a la demandante».