El nuevo decreto de sanidad mortuoria de Galicia permitirá enterrar a los musulmanes sin féretro (El Funerario Digital)

La Consellería de Sanidad de Galicia ha publicado el texto del proyecto del nuevo decreto de sanidad mortuoria de Galicia que permitirá inhumar cadáveres sin féretro cuando se demande por razones de confesionalidad.

Según ha explicado la Consellería en un comunicado de prensa, el decreto introduce como novedad la posibilidad de enterrar cadáveres sin féretro “para los casos en los que por razones de confesionalidad así se demande”.

El rito funerario musulmán establece que los cadáveres de sus fieles deben ser envueltos con un sudario y enterrados en contacto directo con la tierra, sepultados sin ataúd y sin esperar 24 horas después de su muerte. Pero este rito era contrario a la legislación gallega.

“Se trata de dar solución a las costumbres y creencias religiosas en las que el enterramiento del cadáver se hace directamente en contacto con la tierra (caso, por ejemplo, de los musulmanes)”, han concretado desde Sanidade.

Otra de las novedades en el apartado de inhumaciones y exhumaciones radica en que “desaparece la autorización previa de Sanidade” para proceder a exhumar cuerpos y resto cadavéricos. “Esta autorización sanitaria previa se sustituirá por la declaración responsable”, abunda la Consellería, que indica que “estarían exentas las reinhumaciones de restos cadavéricos que tuvieran lugar en el mismo cementerio”.

Con el futuro decreto Galicia se suma a seis autonomías que ya permiten enterrar según la tradición islámica: Andalucía, Asturias, Valencia, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla. En Galicia viven más de 26.000 musulmanes.


Un conductor de coche fúnebre despedido por fumar y poner rumba y flamenco en el vehículo (Cope)

Llevaba en el trayecto al cementerio a la hija del fallecido y, al ser preguntado si podía cambiar la música, mostró un “ademán chulesco”

COPE.es
Tiempo de lectura: 2′ 29 jun 2019 – 16:42 Actualizado 01 jul 2019
El juzgado de lo Social número 1 de Cáceres ha dado la razón y ha confirmado el despido de un conductor de coche fúnebre por trato “vejatorio” y “desconsiderado” hacia la familia de un fallecido. Aunque no tenía la obligación de hacerlo, el conductor accedió a regañadientes a llevar a la hija del muerto hasta el cementerio de la localidad de Valencia de Alcántara como un favor particular ya que, como aseguraban el resto de familiares, no podían llevarla porque no había hueco en el coche. Sin embargo, el conductor impuso sus propias condiciones, y estas fueron poner música a su propia elección.

Esta selección consistía en música de rumba y flamenco. La hija del fallecido, al considerarlo una falta de respeto, le pidió al conductor que la quitara, a lo que recibió, según la denuncia, una “actitud chulesca” por parte del chófer que llegó a amenazar con “empezar a fumar” dentro del vehículo. Lo hechos ocurrieron en la noche del Día de Navidad y fue la propia funeraria la que procedió al despido del trabajador, entendiendo que los clientes no habían recibido el trato “exquisito” que debían por parte de los empleados en un momento tan delicado como es el entierro de un familiar.

Se procedió a un juicio en el que declararon el director general de la compañía, otra hermana del fallecido y dos compañeros de trabajo del conductor. En él se determinó que el chófer había hecho un favor a la familia al llevar a la hija hasta el cementerio, que lo hacía bajo su responsabilidad, así como que pidió permiso previamente para poner la música en el coche. Por parte de la defensa legal del chófer se argumenta que el despido se trata deb una represalia por parte de la empresa por haber interpuesto una denuncia previamente ante la Inspección de Trabajo. Finalmente la justicia ha dado la razón a la aseguradora y ha confirmado el despido del chófer.

 


El tanatorio de Doctoral ha muerto (La Provincia – Las Palmas)

Fue construido hace 15 años en la zona industrial que aún no está acabada, ni fue entregada al Ayuntamiento l El edificio nunca funcionó, ni cumple la norma europea
Marcos Álvarez Morice 30.06.2019 | 00:08

El tanatorio que se construyó hace más de quince años en la zona industrial de Doctoral, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, continúa cerrado con su cadena y candado, sin que haya de momento una propuesta firme sobre su futuro a corto o a largo plazo sobre su utilización o apertura. Nunca se ha abierto, ni funcionó. La edificación del inmueble costó unos 20 millones de las antiguas pesetas (120.000 euros). El edificio es propiedad de la Corporación municipal.

El recién nombrado alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Santiago Rodríguez, afirmó el pasado jueves que, a su juicio, “la mejor alternativa respecto a qué hacer con él es tirarlo porque está en la zona industrial que aún no ha recepcionado el Ayuntamiento. Es suelo privado y no hay suministro eléctrico, ni de agua”.

“Digo tirarlo porque tampoco cumple la normativa europea respecto a las entradas de los familiares y de los fallecidos, y otras exigencias. El coste de arreglar los desperfectos que tiene por llevar tanto tiempo cerrado y el acondicionarlo para que cumpla con todos esos requisitos europeos, sería mucho mayor, más caro que hacerlo nuevo”, agregó el regidor, que confía hallar una solución respecto al tanatorio y el parón de la zona industrial.

Sea como sea, está claro que el municipio necesita otro tanatorio además de los ya existentes, especialmente en la zona de Doctoral. Hay que tener en cuenta que la población censada en el término municipal ronda en torno a los 72.000. Exactamente era de 71.863 personas al cierre del pasado año 2018.

En la actualidad, Santa Lucía de Tirajana cuenta en servicio con tres tanatorios: el de Vecindario, que se halla en la calle Orchilla, junto al centro de salud y que fue construido hace más de veinte años; un segundo velatorio ubicado en Sardina; y el tercero, pequeño, en el pueblo de Santa Lucía. Hay que reseñar que las instalaciones de Vecindario se encuentran saturadas y que ninguno de los tres dispone de horno de incineración.

El único tanatorio con esta dotación entre Telde y el municipio de La Aldea de San Nicolás se halla en la zona industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes.

Mientras, esta demanda de los vecinos y vecinas de Santa Lucía de Tirajana sigue, al parecer, dentro de un callejón sin salida. También se recuerda esta necesidad funeraria de Doctoral y del municipio en las redes sociales, como por ejemplo en la página de Facebook de El funerario digital.

En diferentes ocasiones ha sido el tema protagonista de las reclamaciones de distintos partidos políticos durante campañas electorales o antes. Por ejemplo, el presidente de Unidos por Gran Canaria en Santa Lucía de Tirajana, Salvador Hernández, reclamó en febrero de 2018 al grupo de gobierno tripartito del Ayuntamiento -formado en el mandato 2015-2019 por Nueva Canarias (NC); PSOE; y Unidos del Pueblo- la puesta en marcha del tanatorio de El Doctoral.

La exalcaldesa Dunia González, de NC, señaló que “esa instalación está en el suelo privado y todo depende de la recepción que haga el Ayuntamiento. En estos 20 años sólo nos dejaron abrir en precario aquello que era necesario y de interés general, es decir, el almacén municipal, el centro de salud y el cuartel de la Guardia Civil. En los dos últimos existe instalación eléctrica y saneamiento, pero no lo hay en el tanatorio, ni en las naves municipales y en el emprendedores”.

Responsabilidades

“El tanatorio se construyó al inicio, junto con el almacén, cuando se pensaba que el polígono se terminaría en un tiempo normal, en menos de cinco años. Pero nadie imaginó que la Junta de Compensaciones [representante de los propietarios] lo paralizara”, recordó Dunia González, quien agregó que “ésto no es el proceso normal de construcción. A veces alegando crisis y otros desacuerdos entre los propietarios, llevan ya los 20 años sin terminar”.

La exmáxima responsable del Ayuntamiento lamentó que “una obra como ésta en la zona industrial de Doctoral, que se pensó que sería tan importante para el desarrollo del municipio, para la creación de empleo, para trasladar la industria y talleres que están en la zona urbana, pues no ha salido adelante, y han pasado veinte años. Que quienes lo han paralizado expliquen por qué”.

“Este asunto del polígono industrial no es un tema municipal. Podemos buscar argumentos los que queramos. Lo que está claro es que los propietarios y los responsables del suelo son quienes deben construir y mantenerlo en condiciones”, concluye.


Forenses, funerarias y embalsamamientos: sombras en el negocio de la muerte (El Confidencial)

Tanatólogos ‘tiran’ precios por embalsamar cadáveres para lograr más negocio. “Siempre se ha trabajado con mucho dinero B”, denuncian profesionales del sector

AGUSTÍN RIVERA. MÁLAGA

30/06/2019 20:45 – ACTUALIZADO: 01/07/2019 12:34
—¿Y no te da cosa hacer autopsias, todo el día viendo a muertos?—, suelen preguntar al médico forense.

—Bueno, al menos cuando trabajo con ellos ya están tranquilos y no están sufriendo.

La muerte en España está inmersa en un sector con zonas oscuras de forenses, funerarias y embalsamamientos “con pagos en B”, como denuncian profesionales de la medicina legal consultados por este diario. También con rebajas de precios de hasta el 70% para embalsamar cadáveres a cambio de lograr una mejor tajada económica.

El jefe de los forenses de Málaga lleva años embalsamando cadáveres sin permiso oficial
AGUSTÍN RIVERA. MÁLAGASebastián Díaz Ruiz ha actuado de forma “irregular”, según sus compañeros de profesión. Ejerce en funciones como director del Instituto de Medicina Legal de la provincia malagueña

Por cada embalsamamiento, se cobraba hace 20 años 700 euros, todos los forenses tenían compatibilidad, y podían conseguir al año entre 20.000 y 25.000 euros solo en embalsamamientos en zonas turísticas de referencia como Baleares, Canarias o Alicante. Ahora el negocio se ha quedado para unos pocos. Existe una fuerte barrera de entrada al no contar con la compatibilidad. Y en provincias como Málaga, con una gran población extranjera (residente y flotante) y un gran número de muertes violentas, el embalsamamiento es territorio natural.

Gran autonomía en su trabajo
El caso del Instituto de Medicina Legal de Málaga, creado en 2003, al igual que el resto de estos organismos en toda España, sirve como modelo de forma de actuación. Es el caso de Sebastián Díaz Ruiz, jefe de los forenses de la provincia de Málaga, quien llegó a realizar la autopsia y el embalsamamiento de un mismo cadáver en 2016, como publicó este diario en exclusiva el pasado jueves, que ofrece detalles de hasta qué punto se trata de un oficio donde se ha hecho la vista gorda durante muchos años.

Los forenses trabajan de modo independiente. Cuentan con una gran autonomía en su faceta profesional y su labor está ligada a la de la Policía. Reciben las órdenes de los jueces. La dirección de los institutos de medicina legal (IML) se dedica a la organización administrativa, sobre todo en lo referido a las guardias, convertidas en una guerra sin cuartel entre compañeros para ver quién hace más y así redondear al alza el sueldo. “Si no hubiera tantas irregularidades, no sería un mal trabajo”, señala un profesional con gran experiencia.

Había chivatazos de forenses y policías a funerarias y se plantaban dos empresas en el lugar de los hechos en una clara competencia desleal

Ahora existe mejor organización que antes, cuando las funerarias competían directamente cada vez que se producía un accidente y se tenía que producir el levantamiento del cadáver. El forense y el juez llegaban al lugar de los hechos y había que decidir qué funeraria transportaba el cadáver. Normalmente el juez y el forense se lavaban las manos. ¿Qué ocurría? Que había chivatazos de forenses y policías a funerarias. Ahora existe una funeraria judicial que impide esta competencia desleal.

“El negocio de los embalsamamientos siempre ha sido turbio. Ahora lo es menos porque hay empresas grandes. Hasta hace más o menos una década quienes se dedicaban a embalsamar cadáveres eran empresas pequeñas que carecían de compañías de seguros y funcionaban por ellos mismos”, subrayan fuentes del sector con las que ha contactado El Confidencial.

La Junta investiga “qué ha podido pasar” con los embalsamamientos del jefe de forenses
AGUSTÍN RIVERA. MÁLAGA”Estamos recabando toda la información necesaria para conocer a fondo los hechos”, admite la Consejería de Justicia sobre el director del Instituto de Medicina Legal de Málaga
El embalsamamiento, que ya no suelen realizar los forenses en su gran parte, suele durar unos treinta minutos. Se realiza mediante una inyección (en cerebro, tórax y abdomen) en el torrente sanguíneo con el producto Complucad, dedicado a conservar cadáveres: el formol ya no se utiliza para esta labor en su traslado al extranjero. Embalsamar cuesta unos 3.000 euros y la incineración unos 1.000 euros. Hay funerarias con precios más bajos.

Más lío: cada comunidad autónoma dispone de su propio reglamento de policía sanitaria mortuoria. Los forenses son los que tradicionalmente en exclusiva han realizado los embalsamamientos, pero una funeraria puede tener un médico conocido que lo haga más barato y darle el trabajo. “Nosotros somos los que estamos más preparados para hacer estas prácticas tanatológicas al tener más conocimiento del tratamiento del cadáver y de anatomía”, asegura una fuente del sector.

Los ’embalmers’ de EEUU
Y aunque en teoría es la familia quien puede elegir al profesional que practica el embalsamamiento, al tratarse de situaciones trágicas, suele delegar este trabajo en lo que disponga la funeraria. Los médicos forenses reclaman que en algunos casos hay cadáveres que han sufrido terapias radioactivas o hay que quitarle un marcapasos y que ellos son los más capacitados.

En Estados Unidos existe un término, los ’embalmers’ (embalsamadores), que estudian tres años de anatomía. “Ese es el modelo hacia el que tendría que ir el embalsamamiento en España y que se supiera muy bien dónde acaba lo público y empieza lo privado”, apunta un médico forense español. La tanatopraxia también es otra de las fórmulas.

“Muchos de nosotros no estamos dispuestos a aceptar que se dé a entender que realizamos actividades ‘ilegales’ o cuando menos ‘poco decorosas’. Hemos hecho un trabajo legal con compatibilidad y declarando a Hacienda”, aclara un médico forense a este diario.

Yo lo he hecho siempre asíLas zonas siguen siendo oscuras y la petición de no identificación de los profesionales que realizan es tipo de trabajo es claro síntoma del miedo que hay a practicar una verdadera autopsia de la verdad en este oficio muy desconocido para los no iniciados.


El TSJ-CLM desestima el recurso de apelación interpuesto por Servicios Funerarios de Puertollano (La Comarca de Puertollano)

Consideran que la instalación debe estar ubicada en “cementerios o en edificios anexos a ellos, y si esto no fuera viable, en el lugar más próximo posible” en todo caso “la distancia mínima respecto de edificaciones destinadas a alojamiento humano será de 50 metros”
La Comarca
02/07/2019

(Última actualización: 03/07/2019 07:36)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Servicios Funerarios de Puertollano, emplazado en la Carretera de Almodóvar S/N, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real con fecha 28 de diciembre de 2016.

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En este caso, la sentencia del día 10 de junio de 2019, da la razón a la Asociación de la barriada Fernando el Santo-Ciudad Jardín que interpusieron el 23 de septiembre del año 2.015 un contencioso administrativo al Ayuntamiento de Puertollano por la concesión de la licencia de instalación de un horno crematorio en la barriada, según los vecinos muy cerca de la zona residencial y que se construyó en todo caso con posterioridad a la compra de sus viviendas.

Posteriormente el fallo judicial “derogaba” la autorización de licencia al Ayuntamiento de Puertollano, según la legislación vigente, porque este crematorio no se ajustaba a los decretos de Sanidad Mortuoria de Castilla-La Mancha, al considerar que el lugar donde debe estar ubicada esta instalación es en “cementerios o en edificios anexos a ellos, y si esto no fuera viable, en el lugar más próximo posible; estos edificios estarán aislados y serán de uso exclusivamente funerario”, destacando que “la distancia mínima respecto de edificaciones destinadas a alojamiento humano será de 50 metros”, premisas todas ellas que refrenda esta última sentencia.

Además, y según reza la propia sentencia, “no deja de resultar significativo que el Ayuntamiento inicialmente demandado” por los vecinos de la barriada afectada, no haya presentado recurso de apelación”, alegando que precisamente fue esta administración la que “otorgó la licencia y a la que correspondía acreditar cumplidamente que no era viable la ubicación del crematorio en el cementerio o en parcela anexa o en lugar más próximo al mismo, no se haya cuestionado lo razonado al respecto en la sentencia”.

Por su parte, desde la propia empresa por el momento no van a hacer declaraciones sobre este asunto, sin embargo presentarán recurso “extraordinario y limitado” de casación en la Sala 3 del Tribunal Supremo, para el que tiene un plazo de treinta días a contar desde el recibo de la notificación.

Hay que recordar que el 29 de enero de 2.014 el Ayuntamiento autorizó las obras del crematorio a Servicios Funerarios de Puertollano, siendo el 18 de marzo de 2.015 cuando desde el Consistorio se le concedió la licencia de obras a este espacio mortuorio.


Servicios Funerarios de Puertollano recuerda que la sentencia del TSJ “no es firme” e interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo (La Comarca de Puertollano)

La empresa alega que “no son ciertos ni correctos los datos que interesadamente se divulgan” y se reservan el ejercicio de emprender “las acciones legales correspondientes frente a quien pretende desvirtuar la realidad y sacar provecho o conclusiones equívocas de la situación”
La Comarca
03/07/2019

(Última actualización: 03/07/2019 18:55)

La empresa Servicios Funerarios de Puertollano, emplazada en la carretera de Almodóvar S/N, ha emitido un comunicado de prensa en relación a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM) que se daba a conocer este martes en los medios de comunicación, con relación al otorgamiento de licencia por el Ayuntamiento de la ciudad industrial para la instalación de crematorio por dicha empresa funeraria.

Así, y en primer lugar han querido aclarar que esta sentencia “no es firme”, sino que se trata “de una resolución contra la que cabe, y esta parte tiene la intención de interponer, recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al margen de cualquier posible recurso tanto ante el Tribunal Constitucional o cualquier otro Tribunal Europeo”, por cuyo motivo, afirman, “ni es firme tal sentencia y menos aún, en ninguna fecha concreta, como se ha venido a indicar mediante una información incorrecta difundida en su caso”.

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En este sentido, sostienen que “por las circunstancias anteriores y ante la posibilidad y pertinencia de la interposición de recurso de casación contra dicha sentencia, que la hace carecer de firmeza, la divulgación incorrecta o interesada que pueda hacerse de su contenido y de su alcance, supone una postura incoherente y temeraria por quien procede en tal sentido y falta a la verdad en sus consideraciones”.

Por ello, reseñan que “no son ciertos ni correctos los datos que interesadamente se divulgan, ni de fechas de efectos ni eficacia, ni del alcance de un supuesto cierre o cese de actividad, que no están previstos como tales por dicha sentencia, sino sujeto a otros trámites posteriores y diferentes”, por lo que la empresa funeraria “viene a desmentir el contenido de la información divulgada, informando con carácter general de que la actividad de esta empresa y del crematorio en concreto se mantendrá como hasta ahora y a todos los efectos”. Finalmente, afirman que se reservan el ejercicio de emprender “las acciones legales correspondientes frente a quien pretende desvirtuar la realidad y sacar provecho o conclusiones equívocas de la situación, al margen de los recursos legales pertinentes que esta parte se propone interponer”.


La jueza del caso de los ataúdes deniega la apertura de ocho urnas solicitada por familiares para analizar las cenizas (El Norte de Castilla)

Los interrogatorios de testigos continuarán este viernes y el lunes será el turno de varios perjudicados

M. J. PASCUALValladolid Miércoles, 3 julio 2019, 13:46

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, que se ocupa de desentrañar el caso Ignis, sobre el supuesto ‘cambiazo’ de más de 6.000 ataúdes destinados a la cremación en las instalaciones del Grupo Parque Salvador entre los años 1995 y 2015, no ha autorizado a abrir urnas funerarias para que se analice el contenido de las cenizas entradas a los familiares de esos difuntos que contrataron los servicios con la empresa de Ignacio Morchón. La instructora ha denegado la solicitud, según han confirmado este miércoles los letrados Bárbara Royo y Miguel Becerro, del despacho Urraza y Mendieta, quienes realizaron la petición el pasado mes de junio en nombre de ocho de los perjudicados.
Esta acusación particular había pedido al juzgado que encargara un informe pericial para analizar si las cenizas de estos difuntos que se custodian en el cementerio de Santovenia tienen «restos humanos y no otra cosa». Algunos de los familiares que solicitaron esta prueba declararán el próximo lunes como perjudicados en las diligencias que se siguen para esclarecer si cerca de estos 6.000 féretros destinados a la incineración, e incluso los arreglos florales, fueron sustituidos por otros de inferior calidad en la funeraria Parque El Salvador. Una práctica fraudulenta que se habría sucedido durante veinte años, según sostienen los investigadores policiales de la operación Ignis, que estalló el pasado enero con una veintena de investigados y que llevó al fundador del imperio funerario, Ignacio Morchón, y a dos des sus hijos, a la prisión de Villanubla, aunque ya se encuentra en libertad provisional tras hacer frente a fianzas hipotecarias que suman en total 1,8 millones de euros.

Estos perjudicados decidieron solicitar el análisis de las cenizas después de que el pasado 10 de mayo uno de los empleados veteranos de la funeraria declarara que los restos eran entregados en el mismo momento en el que finalizaban las incineraciones «dejando un margen de 15 minutos para que se enfriaran correctamente». Una declaración que contrasta con las manifestaciones realizadas por sus representados, explicó Becerro, «quienes nos contaron que las cenizas las recibieron al día siguiente o días más tarde de las incineraciones«. Dos de los perjudicados las habrían recibido cuatro días más tarde, »estando calientes en el momento de recibirlas«.

En la treintena de cuadernos llenos de datos recopilados minuciosamente por Justo Martín, el extrabajador que fue condenado en 2018 por sentencia firme a una multa de 1.000 euros por extorsionar a su exjefe Ignacio Morchón, y que da origen a la actual investigación judicial, se hace referencia, no solo a que se habrían sustituido ataúdes de lujo por otros de mucha menor calidad y que, incluso, se incineraba al difunto sobre la tapa, sino que también se habría producido «reparto» de cenizas entre urnas de distintos clientes y no las del finado «porque todavía estaban calientes y la familia tenía prisa».

En la sentencia que condena al exempleado, que trabajó en Parque El Salvador desde 1995 hasta que se jubiló en febrero de 2015 y se ocupó del crematorio del cementerio de Santovenia de Pisuerga, se considera probado que quiso garantizarse una mejor jubilación haciendo chantaje al dueño de la empresa funeraria con fotos y filiaciones de los supuestos ‘cambiazos’.

Según la defensa de la familia Morchón, todo el caso Ignis es una falacia que se sustenta sobre la venganza personal del extrabajador jubilado. Hasta el momento son cerca de una veintena las personas investigadas por el Juzgado de Instrucción 6 como presuntas implicadas en delitos de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal. Desde que saltó el caso a finales de enero, han declarado ante la magistrada instructora decenas de testigos. Son cerca de un millar de perjudicados los que se han personado en las diligencias, entre los listados aportados por la Policía Nacional, la Fiscalía y las acusaciones particulares. Los interrogatorios de testigos continúan el próximo viernes.


El Tribunal Superior falla en contra la licencia a un tanatorio de Carballiño (La Región)

El fallo considera que el edificio en el que se habilitó el servicio está fuera de ordenación dentro del ámbito urbanístico y por lo tanto no se pueden ejecutar obras

REDACCIÓN | CARBALLIÑO03/07/2019 23:27 H.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado en favor de dos comunidades de vecinos de la calle Evaristo Vaamonde y en contra del Concello de Carballiño por la licencia concedida para la apertura de un tanatorio.

El Juzgado de lo Contencioso de Ourense había dado la razón al concello considerando que la licencia era correcta, pero los denunciantes presentaron un recurso contencioso administrativo contra ese fallo, que ahora se ha resuelto considerando que la autorización municipal está mal concedida.

Tanto el ayuntamiento como la defensa de los propietarios del tanatorio presentarán un recurso de casación en el Tribunal Supremo, dado que la sentencia del TSXG no es firme.

La licencia de apertura había sido concedida el 18 de diciembre de 2013 al comprobar que los solicitantes disponían de todos los informes y permisos de los distintos organismos autorizando su funcionamiento. Este último fallo, en favor de los denunciantes, considera que el edificio en el que se habilitó este servicio está fuera de ordenación dentro del ámbito urbanístico y que por lo tanto no se pueden ejecutar obras.

El concello, por su parte, y así lo interpretó el Juzgado de lo Contencioso de Ourense, otorgó la licencia considerando que la edificación está fuera de ordenación pero de manera parcial, lo que permitiría determinadas intervenciones.

En el caso de que el último recurso se resuelva en favor de los demandantes, los propietarios reclamarán indemnización al concello.